El búnker de pladur

A Francesc de Carreras, catedrático de Derecho Constitucional, con el deseo de que Dios le conserve la docta ignorancia

Cuando en 1978 se instauró un régimen formalmente democrático de los Pirineos para abajo, elementos catalanistas, casi siempre camuflados en organizaciones religiosas, llevaban años, incluso decenios, intrigando en las entrañas de la dictadura. Una de las acciones más conocidas de aquella bona gent fue la campaña político-religiosa impulsada con el sibilino lema «queremos obispos catalanes», ya en las postrimerías de un franquismo agonizante pero aún temido por los habitantes de estas tierras en general y por sus cabezas pensantes e intrigantes muy en particular. Más tarde, y esto es sin duda lo más significativo de todo el hecho desde el punto de vista sociológico, esos mismos feligreses actuarán como elementos de contacto y enlace/trasvase entre el feneciente orden franquista y el emergente proyecto catalanista. Habida cuenta de la historia del Principado y la idiosincrasia de sus habitantes, se comprende que, después, colaboradores y colaboracionistas no sean anatematizados como traidores sino ensalzados tanto por su fidelidad al país como por su aportación a la nueva causa colectiva, pues con su labor contribuyeron decisivamente a que las instituciones catalanas no pasaran a manos extrañas y, en definitiva, no se desnaturalizaran y no se perdieran para siempre.
Como tantas veces en la historia, en aquellos años de incertidumbre los focos de rebelión abierta y espontánea surgieron en las barriadas de la gran urbe y en las ciudades de su cinturón industrial y fueron protagonizados, en la mayoría de los casos en solitario y a pecho descubierto, por los obreros españoles —comunistas y socialistas— en las calles y las fábricas. Fue la hora histórica de los charnegos y su incierta gloria. Mientras tanto, los líderes y los políticos catalanes preferían reunirse en sacristías y conventos, cedidos caritativamente por mossens y capellans, para dirigir las manifestaciones obreras y ciudadanas pero sobre todo para organizar y preparar la toma del poder, actividad sigilosa y doblemente desleal, practicada siempre y sólo a distancia. Así, cuando se instauró oficialmente la democracia en España y sus regiones, los conjurados ya tenían a punto un plan para que aquí el poder, todo el poder, pasara inmediatamente a manos catalanas, de modo que en Cataluña la política la hicieran los catalanes, sólo los catalanes, tanto para ellos como para los no catalanes. El plan consistía en copar la dirección y la estructura organizativa de todos los partidos del espectro político mediante un movimiento sigiloso y, a ser posible, rápido de expansión-monopolización horizontal, con objeto de que sólo hubiera partidos catalanes/catalanistas y todo aquel que votara tuviera que votar necesariamente catalanista. Así, la implantación de un régimen democrático en Cataluña constituyó un fraude y ese fraude respondió a una conjura. Los españoles de Cataluña fueron utilizados como fuerza de choque y carne de cañón en la lucha por el derrocamiento de la dictadura de Franco, al fin y al cabo una dictadura española, y luego fueron sometidos alevosa y deslealmente a una dictadura antiespañola. Gracias a su legendaria y acreditada perfidia, una comunidad sociopolítica minoritaria se impuso a una comunidad mayoritaria en una proporción del sesenta al cuarenta por ciento y la borró del mapa político, social y cultural, tan pronto como se hizo con el poder. Así se fraguó la imagen de una Cataluña política, social y lingüísticamente monolítica. Y ahí seguimos. Miserables, miserables.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿sería lícito que, ahora, esa situación fuera refrendada como democrática e inamovible por el Tribunal Constitucional con su veredicto sobre el último Estatuto de Cataluña?