El búnker de pladur

Hasta ahora los españoles se han dedicado promulgar leyes y los separatistas se han dedicado a burlarlas dolosamente

En opinión de Pájaro bobo, es necesario, en primer lugar, definir el Estado y sus competencias propias e intransferecibles, y, en segundo lugar, delimitar el ámbito de actuación de las Comunidades Autónomas, haciendo constar en términos explícitos y tajantes que cualquier transgresión de ese ámbito de actuación comportará la pérdida automática de todos los servicios que les hayan sido cedidos hasta ese momento. La actividad de las Comunidades Autónomas debe responder a un modelo cerrado, sin posibilidad de transgredirlo ni rebasarlo impunemente por ningún procedimiento. Esto requiere la elaboración de un Reglamento Autonómico completo e integral, antes de que las Comunidades Autónomas inicien sus actividadades, a fin de impedir que se actúe por vía de los hechos consumados y se aprovechen eventuales lagunas legales. El Estado español debe tener competencias totales y exclusivas en campos como Relaciones internacionales, Defensa, Economía, Enseñanza, Sanidad y cualquier otro que, en un momento dado, el Parlamento español considere conveniente o imprescindible para garantizar derechos igualitarios para todos los españoles. El idioma español, así llamado y así reconocido constitucionalmente, debe ser el único oficial, el único obligatorio en todo el territorio español y el único exigible a todos y cada uno de los ciudadanos españoles. Las actividades desarrolladas por las Comunidades Autónomas deben responder al concepto básico de descentralización administrativa, no al concepto de cesión de competencias de carácter político propias de un Estado soberano. El Estado debe controlar todas las actividadades de las Comunidades Autónomas y todas las partidas de sus presupuestos. En opinión de Pájaro bobo, que todo esto se haga mediante una reforma de la Constitución vigente o mediante la promulgación de una Constitución ad hoc es secundario; lo importante es que se haga y se haga bien, de la manera más eficiente, más rápida y económica posible. Una vez definida España y provista de las competencias que le son propias como Estado soberano, la gestión de sus asuntos debe ponerse en manos de españoles competentes, responsables y leales, y cada Comunidad Autónoma debe tener el peso, no influencia, que le corresponde democráticamente, esto es, en razón de su número de habitantes.