El búnker de pladur

La Generalidad de Cataluña chantajea al gobierno de la nación desde una posición ilegítima con métodos ilegítimos

Después de privar de instrucción escolar en español a los miembros de la comunidad de lengua española de Cataluña (más de cuatro millones de ciudadanos de un total de siete), la Generalidad quiere imponer ahora por decreto el aprendizaje del catalán. Conviene tener presente que el último Estatuto de Cataluña fue elaborado, presentado y aprobado única y exclusivamente por los representantes de la comunidad de lengua catalana (menos del cuarenta y ocho por ciento de la población total de la Comunidad), lo que significa que tanto ese Estatuto como toda la actividad del Parlamento de Cataluña son ilegítimos, inmorales, antidemocráticos y anticonstitucionales. Para ser legítimas, morales, democráticas y constitucionales, todas las leyes y todas las disposiciones del Parlamento de Cataluña deben empezar por reconocer la realidad social de esta Autonomía, determinada por la existencia de dos comunidades sociolingüísticas: una comunidad de lengua española, equivalente aproximadamente al cincuenta y dos por ciento de la población total, y una comunidad de lengua catalana, equivalente aproximadamente al cuarenta y ocho por ciento restante de la población. Además, si quieren ser legítimas y justas, las leyes están obligadas a respetar y salvaguardar por igual los derechos de todos y cada uno de los miembros de una y otra comunidad. La composición del Parlamento de Cataluña es fruto de una conjura según la cual en Cataluña la política tienen que hacerla total y exclusivamente los catalanes para los catalanes. Los partidos políticos de Cataluña son el instrumento de esa conjura.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿sabe el Tribunal Constitucional que las prácticas de la Generalidad de Cataluña constituyen un atentado a la soberanía de España como nación y Estado?