El modelo catalán: autolegitimación e independencia
A Francesc de Carreras, ciudadano y catedrático de Derecho Constitucional, para que lea y se entere
El modelo catalán no sólo se está imponiendo en su parcela territorial sino que incluso está sirviendo de referente a otras regiones, presas del efecto dominó y faltas de dirigentes políticos con visión de Estado y auténtica conciencia nacional. El presidente de la Junta de Extremadura está dispuesto a entrar al trapo, léase engaño, y verse las caras con su counterpart catalán
Años setenta del siglo XX. En una región española con seis millones de habitantes y dos comunidades sociolinguísticas, una catalanohablante y otra hispanohablante, la primera, integrada aproximadamente por el 48% de la población, se prepara furtivamente la jugada y, tras copar todos los partidos políticos, pone al frente de ellos a personas adictas al nuevo régimen. Catalanistas, separatistas e independentistas son minoría pero, apenas iniciada la transición democrática, controlan toda la actividad pública y en especial los partidos políticos de la región, Comunidad Autónoma o futura nación. A fortiori o como coartada y prueba de buena voluntad, dejan que los charnegos formen, ¡momentáneamente!, un partido en el que se alojen o se reubiquen desde las viejas glorias del franquismo hasta cuatro exaltados a los que ellos se encargan de bautizar y desacreditar como nazis y fascistas. En Cataluña, con más de cuatro millones de hispanohablantes, éstos carecen de una representación política mínimamente proporcional. La actividad política está en manos de los catalanistas en una proporción del 90% con tendencia al 100%.
Y si los partidos políticos son (casi) exclusivamente catalanistas, el Parlamento de Cataluña también lo es. Por lo tanto, no es ni democrático ni representativo de la población de Cataluña, formada, como queda dicho, por dos comunidades sociolingüísticas. Tampoco son ni pueden ser democráticas y representativas las leyes y las disposiciones legales emanadas de ese Parlamento, en especial el llamado Estatuto de Cataluña, elaborado, tramitado y aprobado exclusivamente por representantes de la comunidad de lengua catalana, no sólo sin el conocimiento, la intervención y la participación proporcional de la población de lengua castellana de la Comunidad Autónoma sino además en contra de ella, concretamente en contra de los derechos de sus miembros como individuos y en contra de los derechos de la comunidad como colectivo.
Ahora, ese Parlamento, formado exclusivamente por catalanes catalanistas, no sólo se arroga el derecho de declarar unilateralmente la independencia de Cataluña sino incluso de imponer esa independencia a la comunidad de lengua española, que, a pesar de todas las maniobras de los dirigentes catalanistas, todavía hoy sigue siendo mayoritaria.
El primer capítulo de esta historia terminará en el momento en el que el Tribunal Constitucional dé por bueno y refrende el Estatuto de Cataluña, un estatuto, repetimos, fraudulento ab origine en cuanto que está basado en una cadena ininterrumpida de fraudes de ley.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿es posible que con esos antecedentes el Tribunal Constitucional avale el Estatuto de Cataluña y el Parlamento de esta Comunidad Autónoma se autolegitime y declare unilateralmente la independencia?