Lengua y derechos constitucionales
Dadas las constantes y graves infracciones de la legalidad vigente por parte de las autoridades de las Comunidades Autónomas con lengua cooficial y la no menos lesiva pasividad de las instancias estatales en un asunto fundamental como es el derecho de todos los españoles al libre uso de su lengua en todo el territorio de la nación, diversos colectivos surgidos en el seno de la sociedad civil llevan años, incluso lustros y décadas, lanzando mensajes en los que reclaman la intervención del Ejecutivo para cortar abusos y exigir el cumplimiento de la Constitución. En esa misma línea se inscribe el reciente Manifiesto en defensa de la lengua española.
Aunque en el fondo todos esos proyectos apuntan a un objetivo común —defensa de la legalidad vigente y salvaguarda de los derechos constitucionales de todos los españoles en materia lingüística—, en ellos se advierte la presencia de un colectivo formado por intelectuales y otro, mucho más numeroso, que agrupa a asociaciones de carácter cultural vinculadas a su respectivo entorno social.
Si en un primer momento entre los intelectuales predominaban los vinculados a la enseñanza y a los medios de comunicación, hoy en sus filas pueden verse personas pertenecientes a los diversos campos de la cultura, incluida la vida pública. El nexo de unión es la preocupación por el español, lengua común que en este caso tiene la virtud de aunar esfuerzos y superar barreras ideológicas.
De hecho, los intelectuales firmantes del Manifiesto en defensa de la lengua española abarcan el espectro sociopolítico de un país que como el nuestro está marcado, en líneas generales, por la simetría bipolar.
Entre las entidades culturales que han respondido al llamamiento y se han declarado dispuestas ha apoyar el contenido del Manifiesto, en un texto único o en dos textos independientes, están Asociación por la Tolerancia, Convivencia Cívica, Asociación Cultural Miguel de Cervantes, Galicia Bilingüe, Círculo Balear y Plataforma por la Libertad Lingüística del País Vasco, todas ellas coordinadas por el Foro de Ermua.
En síntesis, estas entidades exigen que se cumpla la ley y, en el caso vasco, que se mantengan los tres modelos educativos A, B y C (enseñanza en castellano, mixta y en euskera). En principio, ese mismo modelo podría servir para todas las Comunidades Autónomas con dos lengua oficiales. Sólo falta que se cumpla la ley y se respete el espíritu de la Constitución.
En su Manifiesto, los intelectuales formulan una propuesta más ambiciosa, ya que propugnan que se introduzcan en la Constitución los cambios necesarios para garantizar los derechos lingüísticos de los españoles y la condición del español como única lengua oficial en todo el ámbito nacional.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿es lícito, legal y democrático que una disposición emitida por una instancia autonómica prevalezca, por vía de los hechos consumados, sobre un artículo fundamental de la Constitución vigente y prive a millones de españoles de uno de sus derechos fundamentales como es el derecho al libre uso de su lengua en el ámbito institucional, social y geográfico de la soberanía nacional?