El búnker de pladur

A M. Jiménez de Parga, jurista, firmante del Manifiesto en defensa del español

Una de las grandes preocupaciones de todos los regímenes opresores  es extirpar de raíz, cuanto antes,  la disidencia. Identificada como cuerpo extraño, la disidencia es despojada, a las primeras de cambio, de sus señas de identidad. Para ello, probablemente, no hay nada tan  eficaz como decapitarla o, lo que es igual, arrebatarle sus cabezas pensantes, pues, una vez ha sido despojada de sus cabezas pensantes,  la disidencia —comunidad, colectivo o grupo social– pasa a ser una masa amorfa sin conciencia de sí misma y, por lo tanto, incapaz de llevar a cabo una actividad racional (Zielbewusst).

En ese momento está a punto para su fagocitación, aniquilación o expulsión y en ese mismo momento sus  individuos más avispados y menos escrupulosos se pasan al bando de los opresores y tratan de abrirse paso,  prosperar y medrar, abandonando toda preocupación por la suerte de sus compatriotas o correligionarios. Es la hora de los Montillas, los Corbachos y las Xacons, pero también de muchos bneficiarios y muchas beneficiarias de nuestro antiguo régimen.

Mientras tanto, el disidente contumaz pasa a ser   un indeseable, un elemento asocial y, a partir de ahí,  un delincuente. La historia se ha repetido infinidad de veces aquende y allende nuestras fronteras. Y, probablemente, aún se repetirá.

En Cataluña, la burguesía –las cien familias de Barcelona y sus herederos— mejoró e incluso perfeccionó la variante histórica, pues, ya antes de acceder al poder con la colaboración inconsciente de la charnegada y la confabulación  de una  presunta izquierda  autóctona siempre desleal a la clase obrera, elaboró y puso a punto el organigrama de la Cataluña futura: la Cataluña formalmente democrática y,  a partir de ahí, la Cataluña plenamente soberana y unilateralmente independiente. Instancias de decisión y representación (incluidas las de carácter religioso), partidos políticos y grandes entidades financieras, culturales y sociales debían estar, desde un principio,  entera y exclusivamente en manos de catalanes. Y así se hizo.

Una vez copada la Administración autonómica, aquí llamada Generalidad, y la dirección de los partidos políticos, que en realidad constituían un partido único bajo un mando único, el Parlamento tenía exclusivamente la representación real de la comunidad de lengua catalana pero nominalmente operaba como una instancia representativa de toda la sociedad (dos comunidades lingüísticas) y, por lo tanto, democrática. Y el hecho es que nunca lo ha sido.

Tanto las entidades socioculturales que han surgido en Cataluña y Vascongadas  durante los últimos treinta años como el Partido de los Ciudadanos y UPyD deben verse como reacciones a la opresión que sufre la comunidad de lengua española en estas tierras. Y, como no podía ser por menos, todas esas entidades, el Partido de los Ciudadanos, UPyD  y, por último, el Manifiesto en defensa del español responden a iniciativas de la intelectualidad de lengua española de Cataluña y Vascongadas. Ahora, sus representantes deben levantar la voz para impedir que se consume un monstruoso genocidio cultural en pleno siglo XXI.

De acuerdo con esa misma línea, Pájaro bobo considera que, en su momento, los impulsores del Manifiesto, legitimados por los miles de firmantes, deberían dirigirse al Defensor del Pueblo y al Tribunal Constitucional para exigir el cumplimiento de la Constitución y el respeto de los derechos de ciudadanos que se ven perseguidos por razón de su lengua, la española.

Pregunta ingenua e intempestiva: ¿qué harán el Defensor del Pueblo y el Tribunal Constitucional si los firmantes del Manifiesto en defensa del español como lengua común demuestran que el Parlamento de Cataluña responde desde su misma creación a un fraude de ley y que, por lo tanto, todas sus actuaciones, incluidas la elaboración y la aprobación del Estatuto de Cataluña, son  no sólo ilegítimas sino incluso delictivas?