El búnker de pladur

La crisis económica que se nos está echando encima será la prueba de fuego para nuestro irracional y, por irracional, fraudulento Estado de las Autonomías. Diecisiete territorios con diecisiete gobiernos (¿en mayúscula?), diecisiete gobiernos con diecisiete parlamentos, diecisiete gobiernos y diecisiete parlamentos  con diecisiete presupuestos. ¿Se puede pedir más?

¿Cuántos funcionarios suman las diecisiete autonomías? ¿Cuál es el presupuesto de todas y cada una de ellas? ¿Cómo controla el Estado el gasto de las Comunidades Autónomas, sus hijitas putativas? ¿Autoriza el Estado las acciones de la Generalidad y otros gobiernos autonómicos en el extranjero?  Si las autoriza, gasto incluido, ¿por qué las autoriza? Si no las autoriza, ¿cómo es es que las permite? ¿No son esas acciones ilegales e inconstitucionales?  Y, vistas como otros tantos hechos consumados, ¿no son el Gobierno de España y esos gobiernos autonómicos responsables de un delito continuado y/o repetido de malversación de fondos y de otro de transgresión continuada y/o repetida de la Constitución vigente?

Podemos pensar que la crisis económica que se nos avecina pondrá de manifiesto la irracionalidad del Estado de las Autonomías y sus vicios en términos de funcionalidad y operatividad. Ese podría y debería ser el momento para poner orden en el mapa geográfico, político y administrativo  de nuestra nación. Y, también, para romper la baraja. Tanto para los que quieren dar el salto definitivo al vacío como para los que piensan, y pensamos, que esto ni puede ni debe seguir así por más tiempo.

Pregunta ingenua e intempestiva: ¿es lícito que, dada la crisis económica, política e institucional que hemos empezado a padecer, España mantenga la actual estructura político-administrativa?