El búnker de pladur

En el mundo actual, pertenecer a una cultura con una lengua minoritaria es un handicap tan grave como manifiesto —a veces incluso  insalvable— a la hora de estudiar y buscar trabajo. Por ese y por otros muchos motivos,  imponer una lengua minoritaria por vía coercitiva y procedimientos dictatoriales, además de ser  claramente  contrario a la razón y a los principios democráticos, perjudica a las personas afectadas en cuanto que las coloca en una situación de inferioridad en los planos intelectual, social y laboral.

Si, en líneas generales, la inmersión lingüística obligatoria  es opresión y la opresión es dictadura, en el contexto catalán  la inmersión lingüística es claramente un delito que deslegitima a todas las personas y todas las  instituciones, incluidas las religiosas,  que la practican.

Pájaro bobo no duda en afirmar que, en el caso de Cataluña, la imersión lingüística es un delito contra la humanidad tanto por sus proporciones como por sus métodos.

Evidentemente, la Generalidad y su Òmnium Cultural pueden afirmar que en Cataluña hay siete millones de personas que hablan y escriben correctamente el catalán. Y también que en el universo mundo, desde L’Alguer, Cerdeña, hasta Elx, Alicante, y las Terres de Ponent, pasando por las islas Pitiusas y las islas  Columbretes,  hay catorce millones, sí, catorce millones  de catalanohablantes y catalanoescribientes. Incluso que, bajo ese concepto, la lengua de Verdaguer puede equipararse al neerlandés.

Pero, cabòries aparte, la realidad, aunque se  niegue y se deforme, nos dice que eso no es cierto. La imposición lo confirma.

Dos pregunta ingenuas e intempestivas
Cuánto tiempo van a negar la realidad y a  privar de sus derechos constitucionales a los ciudadanos de Cataluña los delincuentes que controlan las instituciones de esta Comunidad Autónoma?
¿Por qué el Estado  no  procede contra ellos invocando la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos como es su derecho y su obligación?