El Estado Español contra Jordi Pujol i Soley
Ante la situación política creada en España y muy concretamente en Cataluña por el separatismo catalán, dirigido desde la sombra por Jordi Pujol, me pregunto:
¿Tiene el Estado Español razones jurídicas y medios legales idóneos y suficientes para proceder judicialmente contra Jordi Pujol i Soley y acabar con sus maquinaciones políticas y económicas?
Si, efectivamente, el Estado Español tiene razones jurídicas y medios legales idóneos y suficientes para proceder judicialmente contra Jordi Pujol i Soley, ¿por qué no procede contra él?
¿Cómo consiente el Estado Español que ese delincuente –Jordi Pujol i Soley– se pase la vida maquinando estafas financieras e intrigas políticas que atentan abiertamente contra la persistencia y la seguridad del Estado Español y no procede contra él como es su derecho y su obligación?
¿Acaso el Estado Español tiene dudas sobre naturaleza delictiva de las maquinaciones políticas y financieras de Jordi Pujol i Soley?
¿Acaso se puede desmontar un Estado desde dentro del Estado sin infringir la Ley?
Por lo que sé, toda ley y, por supuesto, toda Constitución en cuanto ley de leyes se asientan en un pacto de lealtad.
¿Ha cumplido alguna vez ese requisito inexcusable un separatista tan desleal como Jordi Pujol i Soley?