El búnker de pladur

Preámbulo

Si hay algo en el ser y el existir de los separatistas catalanes que nunca ha dejado de intrigarme es su irreductibilidad, irreductibilidad de un colectivo humano que se diría condenado por la historia y en la historia a un irredentismo vivido subjetivamente como frustración y flagelación perpetuas e inmisericordes.

El texto que presento nace de una preocupación y aspira a ser una denuncia. Preocupación por el presente y el futuro inmediato de España y denuncia, con carácter de urgencia, de la situación política y social en la que se encuentra hoy Cataluña, arrastrada por sus elementos insolidarios (léase, si se quiere, separatistas) a una deriva de consecuencias imprevisibles e inexorablemente funestas tanto para los ciudadanos de Cataluña como para el conjunto de los ciudadanos españoles y, en definitiva, para España como Estado de derecho.

En el texto, las ideas están expuestas como opiniones personales. Y, de hecho, eso son siempre. Otro tanto cabe decir de este Preámbulo, aunque en él los conceptos rectores están formulados a modo de consideraciones y se utiliza un lenguaje apodíctico por razones de sistematización y sintetización.

El estudio abarca, grosso modo, un período de cincuenta años, ya que arranca del tardofranquismo y, al igual que su redacción, se cierra con el año en curso. Las elecciones generales del 20 de diciembre aparecen por derecho como hito y referente cardinal. El día después es en buena lógica un momento idóneo para hacer balance y avizorar el futuro. Es de desear que, tras el relanzamiento de la economía, mejore la convivencia de los españoles y se refuerce la lealtad a la Constitución.

Más allá del relato histórico, el texto responde a un enfoque deductivo-inductivo y se centra conceptualmente en una tesis nuclear de la que emanan todas las demás ideas a modo de consecuencias lógicas o necesarias.

Primera consideración

Hoy por hoy, Cataluña está sometida a una dictadura de raíz burguesa, con una minoría opresora y una mayoría oprimida. En las instituciones predomina con claridad el separatismo independentista y, por institucionalizado, clientelar; en la sociedad, rotundamente no. De hecho, esta sociedad sigue imbuida de un españolismo atávico, ahora difuso y en muchos casos vergonzante pero siempre mayoritario, sobre todo en sus sectores menos contaminados de la ideología dominante y, en consecuencia, más abiertos. Me refiero en concreto, de una parte, a los empresarios y los intelectuales con una visión planetaria, nunca local o localista, y, de otra, a los trabajadores de las capas inferiores que luchan día a día por su subsistencia y su supervivencia.

Así, pues, la dictadura burguesa de Cataluña es hoy un sandwich.

Segunda consideración

Fraguada, como queda dicho, a lo largo de más de cincuenta años, incluida toda la etapa democrática, la dictadura culmina en la proclamación de la República Catalana por el Parlamento autonómico el 9 de noviembre de 2015, fecha que marca asimismo el inicio de su ciclo menguante o, en términos más precisos, el momento de su salto al vacío. Semejante decisión resulta tanto más irracional y azarosa cuanto que viene a coincidir con el desplazamiento del centro de gravedad desde la derecha burguesa hasta una izquierda anticapitalista y anarquizante, tan ideologizada como insolidaria y asocial.

Se ha consumado la fractura de la sociedad de Cataluña, que ahora aparece claramente dividida en dos comunidades desiguales: una comunidad minoritaria que propugna la independencia y una comunidad mayoritaria que, abandonada a su suerte, se declara contraria o ajena a ella.

Tercera consideración

En cualquier caso, el objetivo, fijado en el momento inicial como terminus ad quem, se alcanza en la práctica, fundamentalmente, gracias a una cadena de fraudes de ley que, habida cuenta tanto de su finalidad como de los métodos y los medios empleados, da derecho a hablar de conjura. Así se la define y se la denuncia en el texto.

Cuarta consideración

Todas las instituciones de Cataluña creadas tras la instauración de un régimen (formalmente) democrático en el conjunto de España son ilegítimas e inconstitucionales toda vez que responden prioritaria o exclusivamente a los intereses de la minoría opresora. La comunidad mayoritaria y oprimida ha sido excluida prácticamente de la vida pública y, reducida a la impotencia, ha tenido que ver cómo los votos de sus miembros eran capitalizados y negociados como propios por la minoría opresora mediante el uso sistemático y continuado de prácticas dolosas, entre las que siempre han estado presentes la compra de voluntades y la incentivación de la deslealtad, junto con la marginación y el repudio social del disidente contumaz (muerte civil).

Quinta consideración

Por todo ello se hace tan necesario como urgente desmontar la dictadura implantada en Cataluña por sus élites burguesas desleales y restablecer en esta Comunidad Autónoma el Estado de derecho que, más allá de la falsa apariencia democrática, aquí ha quedado reducido a la condición de proyecto fallido, ya que en realidad sólo existió en el momento inicial del régimen democrático, sancionado con la proclamación de la Constitución. 1978.

Sabadell, diciembre de 2015

Cincuenta años de historia e intrahistoria

Durante decenios, a caballo de los siglos XIX y XX, la burguesía catalana vivió entregada a sus negocios en el ámbito de la economía productiva y, nolens, volens, aceptó y respetó la existencia de un poder político superior (léase estatal), del que obtuvo a cambio un corpus de medidas legislativas que protegía su actividad y en cierto modo blindaba su mercado, mercado unitario y exclusivamente español, frente a una siempre temida competencia europea.

Una vez instalada en el seno del régimen franquista, no como invitada de honor o aliada y receptora de subvenciones de acuerdo con un pacto global y permanente sino como parte consustancial de su estructura superior y, lógicamente, ahora desprovista de identidad política propia y diferenciada, la burguesía catalana medra y prospera, al tiempo que se expande y se diversifica en beneficio de su promoción individual y corporativa.

En las largas noches del franquismo feneciente –noches de reflexión y estudio, de intrigas y conjuras–, los ideólogos del catalanismo, tras llegar al convencimiento de que Cataluña, a la que ellos dicen representar ahora, puede y debe tener un poder político soberano propio, ponen en marcha un plan para conseguirlo.

A mi entender, lo dicho aquí es válido, con las debidas adecuaciones, para las Provincias Vascongadas y su clase empresarial, burguesa y católica.

Estamos en la segunda mitad del siglo XX y muy pronto nuestras burguesías emergentes, tras endosarse sendos atuendos ideológicos pretendidamente nacionalistas en aras de su legitimación democrática, se alzarán furtivamente contra el llamado Gobierno central, que es tanto como decir contra el Estado con todas sus instituciones y, en definitiva, contra el pueblo español en su dimensión política, social e histórica.

Con un poco de imaginación en ese momento podríamos situar el fin de la primera etapa histórica de la alianza de las tres burguesías ibéricas –castellana, catalana y vasca– y el punto de partida de una segunda etapa histórica caracterizada por una nueva relación de fuerzas a tres bandas.

Las burguesías vasca y catalana, nacidas al calor de la Revolución industrial y por lo tanto esencialmente burguesas, ni nobles ni aristocráticas, se rebelan contra la burguesía castellana, de estirpe feudal, y su hegemonía política, que antes fue guerrera y religiosa.

Quieren mando propio, no otorgado o delegado, en sus territorios respectivos; en una palabra, soberanía.

Mientras tanto, a Barcelona siguen llegando a diario trenes repletos de trabajadores oriundos de las regiones meridionales económicamente más deprimidas (Andalucía, Extremadura, Murcia), que inmediatamente son recluidos con sus familias en los suburbios y las zonas industriales de las principales ciudades de Cataluña. Estos hombres –emigrantes-inmigrantes en su propio país– van a ser los que con su trabajo reactiven la industria textil y pongan en marcha la nueva industrialización de Cataluña, donde con el tiempo formarán una comunidad demográficamente mayoritaria y socialmente marginada. Son, y somos, los charnegos.

Trabajan y callan. Muchos prosperan, más en lo económico que en lo intelectual/cultural y lo social. De hecho, hay parcelas de la actividad laboral-profesional y de la vida social pero sobre todo de la gestión política que siempre les estarán vedadas. A ellos y, en buena medida, también a sus hijos e incluso a los hijos de sus hijos.

Naturalmente, la sociedad de acogida quiere hacerse con el producto de la nueva fuerza de trabajo, pero en su fuero interno se opone y se resiste a que esas gentes, llegadas del sur, con su idiosincrasia –maneras de pensar y vivir– diluyan la identidad catalana y desnaturalicen y degraden sus costumbres, en el fondo clasistas y no exentas de tintes xenófobos.

Pero eso no aparece y no se dice ahora, aparecerá y se dirá más adelante.

Y también: Som i serem! (¡Somos y seremos!)

Durante nuestra doble y larguísima posguerra –desde mediados de 1939 hasta principios de los años cincuenta–, la burguesía catalana, siempre atenta a su tarea, no tardará en empezar a maquinar para ir colocando paulatina y sigilosamente un número cada vez mayor de agentes, confidentes y colaboradores en la Administración del Estado con sus sucesivos Consejos de Ministros y en la dirección de las grandes empresas públicas y privadas de España, sin olvidar la jerarquía eclesiástica.

Así, sobre el terreno y de primera mano, nuestros futuros separatistas/nacionalistas/independentistas aprenderán cómo funciona la máquina del Estado y, ante todo, cómo se monta y se gestiona una administración pública.

Para ellos, ideólogos y mentores en cabeza, la lucha contra el franquismo es espionaje y, a partir de cierto momento, sabotaje.

De ahí arranca la trama que, según ellos, debe llevarlos a la consecución de su objetivo.

En el tardofranquismo, los separatistas catalanes utilizan a los trabajadores españoles como fuerza de choque y carne de cañón en la lucha callejera y sindical contra el régimen feneciente y, aun así, siempre temido. Falsos comunistas del PSUC y falsos socialistas del PSC actúan como elementos de tracción y enlace al servicio de la burguesía condal, que, mientras tanto, sigue intrigando desde dentro y, poco a poco, desde fuera del franquismo, a la espera de que se clarifique y se defina la situación política para comparecer oficialmente en público y proceder a la toma del poder.

Lo de siempre. Y, como siempre, la burguesía en el bando de los vencedores.

Con la llegada de la democracia a España –para mí, democracia formal, no real y universal–, las fuerzas separatistas se apresuran a poner en marcha el plan integral que han estado elaborando durante decenios: táctica y estrategia, hoja de ruta y meta final.

Su primer gran objetivo es copar por sorpresa y con sigilo las instancias de poder político y representación democrática de esta comunidad autónoma y, de ese modo, controlar tanto la actividad de los partidos políticos como los movimientos de la sociedad civil.

Una pieza clave para la consecución y el mantenimiento de ese objetivo es el Partido Único de Cataluña, que, más allá de toda apariencia democrática, mantiene la unión y la coordinación de las fuerzas políticas y sociales del separatismo y las distribuye de forma que cubran todo el espectro político de la sociedad catalana y simultáneamente cierren el paso a posibles representantes de la comunidad de lengua española y sentimiento español. De hecho, ésta es excluida de la vida pública y condenada oficialmente a la no existencia desde un primer momento.

Si en el tardofranquismo los separatistas catalanes utilizaron a los obreros españoles, en su mayoría socialistas y comunistas, ahora, con la llegada de la democracia a España, los recluirán en las cavernas del falso Partido Socialista de Cataluña y, después de dejarlos literalmente sin voz, comercializarán sus votos endosándoselos al PSOE como votos catalanoseparatistas a cambio de un apoyo político siempre calculado e indefectiblemente desleal (marca catalana).

Como, de acuerdo con una norma nunca escrita pero cumplida inexorablemente, en Cataluña la política deben hacerla siempre y sólo los catalanes, tanto para ellos como para los no catalanes, se silencia deliberada y sistemáticamente la existencia de una comunidad de lengua y sentimiento españoles con derechos democráticos individuales y colectivos, a pesar de que esa comunidad existe y es claramente mayoritaria. Por eso, uno de los objetivos prioritarios en términos táctico-estratégicos de nuestros separatistas ha sido y es convertir dicha comunidad en una masa amorfa, de modo que, a partir de una situación de impotencia y dependencia, puedan manipularla a su antojo por activa y por pasiva, por acción y por omisión, por la izquierda y por la derecha. Para ello utilizarán, entre otros muchos recursos, la concesión o no concesión de subvenciones a sus entidades socioculturales y la asimilación o el rechazo de sus líderes, junto con la integración o la marginación e incluso la eliminación fáctica de sus cabezas pensantes, muchas de ellas aherrojadas y mantenidas en situación de muerte civil de por vida.

Pero la comunidad de lengua y sentimiento españoles existe. Ellos la temen y, como la temen, la marginan y, simultáneamente, la instrumentalizan.

En síntesis, después de utilizar a los españoles de Cataluña como fuerza de choque en la lucha contra el franquismo, en definitiva una dictadura española, la burguesía catalana con sus secuaces de una presunta izquierda ideológica, más dada a la intriga y la conjura clasistas que a la lucha de clases, somete a esos mismos españoles a una opresión que, en última instancia, podemos y debemos denunciar como una dictadura antiespañola.

De ahora en adelante, la burguesía controlará el país (Cataluña) de acuerdo con un reparto de funciones y espacios sociales minuciosamente estudiado y lo gobernará siguiendo un régimen de alternancia. Todo ello pactado de antemano y respondiendo a un solo objetivo: el dominio total y absoluto de las instituciones políticas, económicas y sociales de Cataluña y, con ellas, el control de su sociedad civil.

El plan presenta todos los visos de una conjura y, lo que es peor, en la práctica la nueva clase dirigente se muestra interesada no sólo en hacerse con el poder político de una futura nación llamada Catalunya sino también, y sobre todo, en convertir su Administración pública en una parcela privilegiada de la economía especulativa. Todo ello en beneficio de los intereses de su burguesía.

Se diría que ésta no quiere una nación y un estado soberanos sino un paraíso fiscal al servicio, ahora y siempre, de los herederos y descendientes de las cuatrocientas familias históricas.

Pero, al margen del proyecto separatista en marcha –proyecto que nunca será explicado con mínima claridad al conjunto de los ciudadanos de Cataluña–, la realidad nos dice que su actual sociedad civil está formada por una comunidad minoritaria y opresora frente a una comunidad mayoritaria y oprimida. En la superficie, la línea divisoria entre una y otra podría ser la lengua, pero en el fondo se imponen y priman intereses económicos de casta, clase y comunidad.

Consecuentemente, la lengua catalana pasa a ser de inmediato no sólo vehículo preferente y, poco después, obligatorio y exclusivo de las consignas y los mensajes emitidos por la Generalitat, así como por todas y cada una de las instituciones dependientes de ella, sino también seña de identidad individual y colectiva de los sabras catalanes, máxime toda vez que, gracias a la acción impulsora y glorificante de Òmnium Cultural y su conglomerado sociopolítico, dejará de ser una lengua minoritaria para convertirse en una lengua selecta en cuanto que será la preferida por la burguesía y, ante todo, la lengua oficial de Cataluña con carácter exclusivo y excluyente.

Ser la lengua de la burguesía significa ser la lengua de la clase dominante y la ideología dominante; por lo tanto, lengua selecta, nunca minoritaria.

De hecho, lo que tenemos actualmente en Cataluña so capa de nacionalismo es en el fondo una dictadura burguesa con una mínima apariencia democrática, incluido un pequeño outlet que cumple funciones de respiradero para disidentes y nostálgicos, amén de la función específica de coartada y señuelo democrático.

Esa misma burguesía controla, además de la actividad económica tradicional, las actividades de todas y cada una de las incontables ramas y ramificaciones políticas, económicas y sociales del Partido Único de Catalunya, aunque sobre el papel aquí existen formaciones que se declaran independientes y dicen responder a las ideologías que conforman el espectro social.

Además, en estos momentos el Partido Único de Catalunya se siente llamado a cumplir también y sobre todo funciones de Frente Nacional. Eso significa que actúa simultánea o alternativamente de acuerdo con un eje horizontal o sociológico dentro de Cataluña y de acuerdo con un eje vertical o nacional en sus constantes y bien programados enfrentamientos con lo que ellos llaman Madrid.

Cuando Artur Mas habla de un pueblo que quiere la independencia llega al extremo de incluir en él los cuatro millones y medio de personas que integran la comunidad de lengua materna española, a la que oprime y humilla. Así alcanza la cifra de siete millones y medio, que es la correspondiente a la población total de Cataluña.

Para Artur Mas todos los ciudadanos de Cataluña son independentistas. Por decreto.

Esta situación perdurará hasta el 27 de septiembre de 2015, fecha del plebiscito en torno a la independencia de Cataluña y curiosamente primeras elecciones mínimamente democráticas que se celebran aquí desde la Transición, pues son las primeras y hasta ahora las únicas en las que los ciudadanos de lengua y sentimiento españoles de esta Comunidad Autónoma participan a título personal y en representación propia, marcando con ello un giro radical respecto a la distribución de las fuerzas políticas y a la tendencia predominante en el conjunto de la sociedad catalana.

De acuerdo con lo expuesto, a mi entender todas las instituciones políticas de Cataluña nacidas a raíz de la llamada transición democrática son ilegítimas, ademocráticas e incluso antidemocráticas en cuanto que provienen de una cadena de fraudes de ley articulada programáticamente en una conjura de carácter político y económico y responden prioritaria o exclusivamente a los intereses de una minoría supremacista y opresora.

Por todo ello considero que ha llegado la hora de restablecer el Estado de derecho en el conjunto de España para, acto seguido, desmontar la dictadura separatista implantada en Cataluña por élites burguesas desleales y procesar a todos sus responsables.

¿Delitos? Prevaricación, sedición y deslealtad a la Constitución hoy vigente en todo el territorio español, así como malversación organizada y sistemática de caudales públicos y comercio (tráfico) igualmente organizado y sistemático de influencias.

Eso para empezar.

Síntesis

En alas de la deslealtad y por la vía de los hechos consumados, los separatistas catalanes han conseguido hasta hoy, diciembre de 2015, una situación política en la que destacan irregularidades, a la vez ilegítimas e ilegales, como:

–institucionalización y consolidación del incumplimiento manifiesto y declarado de la Constitución  española de 1978 hoy vigente en todo el territorio español, incluida Cataluña;

–institucionalización y consolidación de la dictadura burguesa de Cataluña;

–institucionalización y consolidación del separatismo político y social;

–consagración oficiosa de la división de la sociedad de Cataluña en dos comunidades: una comunidad minoritaria y opresora, preferentemente de lengua catalana y sentimiento separatista-independentista, y una comunidad mayoritaria y oprimida, preferentemente de lengua española y sentimiento español, de acuerdo con el modelo colonial europeo del siglo XIX o, si se prefiere, el modelo del apartheid sudafricano en el siglo XX;

–consagración fáctica de la inmersión lingüística, obligatoria y excluyente, en catalán, impuesta por la Generalitat, junto con los organismos y las organizaciones dependientes de ella, en el ámbito de la enseñanza pública;

–consagración fáctica de la expulsión del idioma español de todo el ámbito de la Administración pública de Cataluña y sus zonas de influencia;

–consagración fáctica de la no españolidad de la Administración pública de Cataluña.