Cataluña: fracasa la dictadura burguesa, triunfa el irredentismo
Todas las instituciones creadas en Cataluña tras la instauración de un régimen (formalmente) democrático en el conjunto de España son ilegítimas e inconstitucionales, toda vez que responden prioritaria o exclusivamente a los intereses de una minoría opresora. La comunidad mayoritaria y oprimida ha sido excluida prácticamente de la vida pública y, reducida a la impotencia, ha tenido que ver cómo los votos de sus miembros eran capitalizados y negociados como propios por la minoría opresora mediante el uso sistemático y continuado de prácticas dolosas, entre las que siempre han estado presentes la compra de voluntades y la incentivación de la deslealtad, junto con la marginación y el repudio social del disidente contumaz (muerte civil).
Se ha consumado la fractura de la sociedad de Cataluña, que ahora aparece claramente dividida en dos comunidades desiguales: una comunidad minoritaria que propugna la independencia y una comunidad mayoritaria que, abandonada a su suerte, se declara —¡silenciosamente!– contraria o ajena a ella.
En estos momentos es tan necesario como urgente desmontar la dictadura implantada en Cataluña por sus élites burguesas desleales y restablecer en esta comunidad autónoma el Estado de derecho que, más allá de la falsa apariencia democrática, aquí ha quedado reducido a la condición de proyecto fallido, ya que en realidad sólo existió en el momento inicial del régimen democrático, sancionado con la proclamación de la Constitución en 1978.
Si hay algo en el ser y el existir de los separatistas catalanes que nunca ha dejado de intrigarme es su irreductibilidad, irreductibilidad de un colectivo humano, ni pueblo ni nación, que se diría condenado por la historia y en la historia a un irredentismo vivido subjetivamente como frustración y flagelación perpetuas e inmisericordes.