Lección del separatismo catalán a la justicia teutona
La Audiencia de Schleswig-Holstein, Land del norte profundo alemán, ha decidido autorizar la extradición de Carles Puigdemont a España no por rebelión contra el Estado español sino por un delito de malversación de caudales públicos.
Descartada la rebelión, según se dice por falta de gravedad o intensidad de los actos de violencia que acompañaron la sublevación, queda la malversación, y aquí resulta obligado preguntar:
¿A cuánto ascendieron los caudales públicos malversados?
Y, sobre todo, ¿en qué se invirtieron los caudales públicos malversados?
Si en este caso la primera pregunta y sus posibles respuestas merecen una consideración subordinada, la segunda pregunta y su respuesta real y fidedigna revisten, a mi entender, una importancia decisiva a la hora de definir la naturaleza del presunto delito y su gravedad.
Y, para mí, la respuesta es tan evidente como innegable: los caudales malversados se invirtieron en financiar un levantamiento contra el Estado español y su orden constitucional a la catalana manera, o sea, cuidando ante todo que en ese levantamiento no hubiera ni rastro de violencia.
Una rebelión sin rebelión. Dit i fet.
La violencia vendría después y correría a cargo de las organizaciones paramilitares de obediencia separatista, pero nunca sería violencia y nunca serían organizaciones paramilitares.
Al parecer, los teutones no saben que este es el país de la puta i la Ramoneta o, si se prefiere, de la trampa sistemática, que aquí y ahora es también y sobre todo trampa semántica.