Se comete un delito, después una cadena de delitos y, por la vía de los hechos consumados, se convierte esa cadena de delitos impunes en un problema político que hay que abordar mediante el diálogo y por vía democrática.
Una vez convertido el delito o delitos en problema político, se azuza a las organizaciones paramilitares de obediencia independentista -léase CDR, Òmnium y ANC- para que actúen en la calle y conviertan el problema político en un problema social.
El paso siguiente es el enfrentamiento de la sociedad civil. En ese estamos ahora.
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Sin categoría escrito por el 22 de agosto de 2018 y
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«No nos vamos a limitar a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto». Esa sería, más o menos, la versión en lengua española de lo que dijo Quim Torra hace unos días, en vernáculo, sobre su futura actitud ante el Estado Español o, si se prefiere, ante España, su Gobierno y sus ciudadanos.
En mi opinión se trata de una declaración de guerra en toda regla; una declaración de guerra a la catalana manera, pero declaración de guerra al fin y al cabo.
Como en tantas otras ocasiones, en esta la iniciativa corresponde a los delincuentes.
¿Dónde está el Estado de derecho?
¿Quién dice que eso no es delito?
¿Ni siquiera de prevaricación?
A mi entender, los separatistas vienen prevaricando desde el día mismo en el que juraron, prometieron y/o aprobaron la Constitución, una Constitución que nunca pensaron cumplir y nunca cumplieron.
¿De verdad que eso no es delito?
Pues sí es delito, y las declaraciones de Quim Torra son una prueba fehaciente, pública e irrebatible entre una infinidad de ellas.
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