El búnker de pladur

La historia europea de los dos últimos siglos nos enseña que la ocupación del poder por parte de  movimientos totalitarios alumbradores de futuros regímenes dictatoriales  acostumbra a ir precedida por la acción de  organizaciones militarizadas o paramilitares, creadas ad hoc,  que, además de ocupar las  calles en manifestaciones/demostraciones y desfiles clamorosos,  difunden e imponen a la sociedad las consignas del nuevo orden emergente/triunfante.

Así fue en la Europa de nuestro pasado casi inmediato y así ha empezado a ser ahora en la España de la futura República catalana.

El partido único es por definición hegemónico, absolutamente hegemónico. Siempre.

Para mí, el populismo es, más que ideología, retórica y tramoya.

Y si es cierto que la situación actual de Cataluña parece un fenómeno socio-político de última hora, también lo es que  en realidad ese fenómeno se ha ido gestando durante los últimos cincuenta años.

Mientras tanto, organizaciones paramilitares de obediencia catalanista han iniciado su actividad con una serie de intervenciones, secretamente  programadas, que en su conjunto se podrían catalogar como terrorismo de baja intensidad.

De momento, porque lo lógico es que la  intensidad vaya subiendo con el paso del tiempo hasta provocar el deseado cambio de régimen político en España por la vía de los hechos consumados, especialidad de la cocina catalana.

Dicen que ahí, en ese momento y en esa situación, el principio de realidad se impondrá a todas las leyes del Estado de derecho.

Y España dejará de ser España.

Eso no impide que ésta sea la hora de los Comités de Defensa de la República catalana con sus organizaciones subalternas y sus confluencias.

Es sabido que para el separatismo más auténtico y, por lo tanto, más desleal en España no hay ni Estado de derecho ni leyes que valgan.

Los separatistas quieren diálogo de tú a tú con el Gobierno de España y, por descontado, siempre al margen de la Ley. Según ellos, eso es lo democrático.

Para mí eso significa que, a la postre, los separatistas han conseguido convertir una cadena de infracciones de la Ley de un Estado de derecho llamado Reino de España en un litigio político que debe abordarse y resolverse en el marco de una negociación política entre representantes del Gobierno y de la Generalidad en condiciones de igualdad.

La maniobra se completa cuando los separatistas presentan a Pedro Sánchez las listas de mediadores por parte del Gobierno español y por parte de la Generalidad y él no sólo las acepta sino que incluso se muestra dispuesto a  colaborar cumpliendo sus órdenes.

Separatistas catalanes del PSC y sus confluencias en representación del Gobierno de España y separatistas catalanes del PSC y sus confluencias en nombre de la Generalidad.

Estoy convencido de que tanto la idea como su puesta en práctica han sido obra de esa personificación de la perfidia llamada Miquel Iceta.

¿Funcionará? De momento está funcionando. Y con un Pedro Sánchez, encantado de la vida, en la cresta de la ola.

De verdad que no consigo comprender cómo es que un Estado de derecho llamado España sigue a merced de una banda de delincuentes autodefinidos como independentistas catalanes después de cuatro décadas de democracia y guerra sucia.

Considero que todo Estado de derecho dispone de la legitimidad y los medios necesarios para hacer valer la Ley en el ámbito de su jurisdicción y no entiendo cómo los separatistas catalanes pueden burlar de manera sistemática esa Ley e incluso el orden constitucional en su conjunto con total impunidad.

Menos aún entiendo que el Estado de derecho llamado España consienta y tolere que la banda de delincuentes  autodefinidos como independentistas catalanes se apodere de una parte del territorio nacional e imponga su propia ley en ella, al tiempo que sigue exigiendo  al Gobierno español  dinero con el que mantener y completar su independencia.

En cualquier caso, algo que ni entiendo ni probablemente llegaré a entender es que eso ocurra a diario delante de mis ojos y siga vivo y mínimamente cuerdo.

Ser testigo de una indignidad es una indignidad.

Dicen por ahí que el tal Pedro Sánchez está copando los cargos superiores de  la Administración  Pública con subalternos adictos y/o afines a su causa.

Como me malicio que la maniobra/añagaza le ha sido inculcada/inoculada por el pérfido Miquel Iceta, asistido ahora por el siempre ambiguo Josep Borrell y toda la recua de falsos y falsas socialistas de Cataluña (PSC), me malicio también que, acto seguido, esos cargos pasarán a manos de separatistas catalanes como parte de su plan para destruir España por etapas o en fascículos.

Eso es lo que yo, ibero irreductible, he llamado siempre envolvente catalana, envolvente de estructura modular que sirve como recurso táctico en múltiples situaciones y como concepto estratégico o global a la hora de concebir y poner en marcha la conjura que ha de llevarnos a la destrucción total e inmisericorde de una España sin españoles dispuestos a defenderla con la cabeza y con el corazón.

¿Por qué crees tú que conjura ha sido una palabra prohibida por y para los separatistas catalanes y sus compañeros de viaje por espacio de cincuenta años?

En cualquier caso, los enterados dicen que la decisión está ya tomada. Ahora viene la escenificación en forma de pantomima democrática.

Con la palabra modelo una imagen,

con la palabra le infundo una vida,

con la palabra decido destruirme,

pero antes decido destruirla.

Con la palabra, sólo la palabra,

logos y arcilla.

«No nos vamos a limitar a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto». Esa sería, más o menos, la versión en lengua española de lo que dijo Quim Torra hace unos días, en vernáculo, sobre su futura actitud ante el Estado Español o, si se prefiere, ante España, su Gobierno y sus ciudadanos.

En mi opinión se trata de una declaración de guerra en toda regla; una declaración de guerra a la catalana manera, pero declaración de guerra al fin y al cabo.

Como en tantas otras ocasiones, en esta la iniciativa corresponde a los delincuentes.

¿Dónde está el Estado de derecho?

¿Quién dice que eso no es delito?

¿Ni siquiera de prevaricación?

A mi entender, los separatistas vienen prevaricando desde el día mismo en el que juraron, prometieron y/o aprobaron la Constitución, una Constitución que nunca pensaron cumplir y nunca cumplieron.

¿De verdad que eso no es delito?

Pues sí es delito, y las declaraciones de Quim Torra son una prueba fehaciente, pública e irrebatible  entre una infinidad de ellas.

Se comete un delito, después una cadena de delitos y, por la vía de los hechos consumados, se convierte esa cadena de delitos impunes en un problema político  que hay que abordar mediante el diálogo y por vía democrática.

Una vez convertido el delito o delitos en problema político, se azuza a las organizaciones paramilitares de obediencia independentista -léase CDR, Òmnium y ANC- para que actúen en la calle y conviertan el problema político en un problema social.

El paso siguiente es el enfrentamiento de la sociedad civil. En ese estamos ahora.

Entiendo que el Estado de derecho se deslegitima cuando no defiende los derechos de sus ciudadanos, incluidos aquellos que infringen sus leyes.

Naturalmente hay muchos casos y situaciones de deslegitimación del Estado de derecho, tanto por omisión como por acción.

Los separatistas  han encontrado una fórmula que, a mi entender, sintetiza y simboliza magistralmente la envolvente catalana. Se trata de un lazo amarillo que merced a una manipulación casi imperceptible se convierte en una soga de horca a la vista de todo el mundo.

De película.

Una vez decidida y puesta en marcha la destrucción de España, incluida, cómo no, la abolición de la monarquía, llega la hora de los traidores.

Entre estos veo  separatistas catalanes, criptoseparatistas, filoseparatistas, oportunistas y advenedizos, pero también españoles de derechas y presuntamente de izquierdas, pseudosocialistas y pseudocomunistas, así como españoles amorfos sin afiliación política conocida o  reconocida.

Cada uno puede hacer su lista o sus listas con los nombres que quiera; lo más probable es que siempre se quede corto.

Naturalmente, yo tengo la mía; cada día la hago y la rehago, pero siempre la amplío.

De momento, en ella figuran, además de los nombres obligados del caótico magma separatista,  Pedro Sánchez, Pablo Iglesias,  Miquel Iceta con todos los integrantes de la camarilla del Partido de los Falsos Socialistas  Catalanes y todas las terceras vías que es fan i es desfan.

Entre estos últimos destaca y destaco a Josep Borrell,  que, en mi opinión,  es un hombre llamado a desempeñar un papel políticamente decisivo en la liquidación de España y su esencia histórica y social.

Es posible que, al confeccionar mi lista,  me equivoque, pero probablemente  será más por omisión que por citación.

En España, los traidores son hoy incontables.

Dicen por ahí que  el separatismo catalán está dando o a punto de dar las últimas boqueadas.

¡Qué más querríamos la inmensa mayoría de españoles!

Cincuenta años de conjura dan para muchas  intrigas y muchas traiciones, casi para tantas como las que se necesitan para montar un Estado canalla o, al menos, una fake Republic.

Habrá que esperar al próximo 11 de septiembre y confiar en que sea el último.

Lo más probable es que sea un 11 de septiembre menguante, no el último y tampoco el de la despedida definitiva, arrastre incluido.

Entre otras razones porque el separatismo catalán –en esencia un proyecto político y económico burgués– tiene muchas capas, y quien dice capas dice vidas.

Al menos, siete vidas i la torna; o sea, más que los gatos.

A mi modo de ver y entender, ese movimiento burgués posee una corriente intelectual  de inspiración izquierdosa, incluso teórica e idealmente socialista, pero marcada por atavismos de clase y sometida a una burguesía económica de la que sus prohombres han sido parte destacada en todo momento. Como su clero, siempre cismático y siempre insolidario, nunca franciscano, nunca católico.

Anyhow,  me gustaría creer y, sobre todo, comprobar que el separatismo catalán ha llegado tarde a su cita con la historia.

Y, a decir verdad, ¿qué pinta en la era de la globalización y la UE una conjura urdida y perpetrada como añagaza infame  por una banda de desaprensivos con una fiera corrupia como pilar y portavoz?

Pregunto:

–¿Qué persona jurídica es responsable de la colocación en espacios públicos de lazos amarillos de manifiesto carácter político?

–¿Cuenta esa persona jurídica con el preceptivo permiso gubernamental?

–¿Qué instancia gubernamental le ha concedido el permiso y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo?

–¿Sabe la persona jurídica responsable de la colocación de lazos amarillos en espacios públicos de manifiesto carácter político que, una vez extinguido el período de tiempo concedido, debe proceder a su retirada de manera que dichos espacios públicos recuperen el estado en el que se encontraban con anterioridad?

–¿Sabe esa persona jurídica que su acción puede constituir una infracción de la Ley vigente en España en cuanto Estado de derecho?

En cualquier caso entiendo que el  ciudadano que no esté de acuerdo con la colocación de lazos amarillos en espacios públicos  puede/debe presentar la correspondiente denuncia, no proceder a retirarlos por su cuenta, pues es sabido que a una infracción de la Ley no debe contestarse con otra infracción de esa misma Ley.

Quim Torra, presidente accidental de la Generalidad de Cataluña, ha lanzado al Gobierno español un aviso que, como es habitual en él y los suyos, contiene a la vez una amenaza y un ultimátum: o el Estado de derecho acepta las condiciones que les exigen los delincuentes separatistas o estos irán a la guerra (naturalmente, guerra sucia).

Estamos a las puertas del otoño, y el ambiente político y social de Cataluña ha empezado a ganar temperatura.

La hoja de ruta está de nuevo en marcha. Cabe pensar que a estas horas las organizaciones paramilitares encabezadas por los Comités de Defensa de la República están preparadas para ocupar las calles y protagonizar lo que ellos llaman actos de desobediencia civil.

Obviamente, todo ello sin violencia.

De acuerdo con la experiencia diría que serán actos de intimidación en los que de una parte se intentará hacer todo el daño posible y de otra parte se buscará el apaciguamiento y la reconciliación tan pronto como la cosa se ponga fea.

Como de costumbre, mitad farol y añagaza de quinquis barriobajeros,  mitad sarta de puñaladas traperas por la espalda y a quemarropa.

Pero hay que tomárselo todo ello muy en serio.

España debe demostrar que es un Estado de derecho  y para ello debe utilizar los medios que la Ley le otorga.

Lo contrario sería una aberración o, si se prefiere, una irracionalidad inadmisible.

¿O sería tal vez una traición en lo alto tras una rendición pactada?