El búnker de pladur

La operación PSC terminó con un rotundo éxito para los separatistas catalanes, que no sólo consiguieron consolidar e imponer su formación dentro y fuera del PSOE sino incluso convencer al conjunto de los españoles y en concreto a influyentes barones del PSOE como Felipe González y Alfonso Guerra de que el engendro/invento era bueno para toda la izquierda y también para España en su conjunto, pues los dirigente del PSC les vendieron la especie de que iban a actuar en defensa de los intereses de España y los españoles ante los burgueses, que constituían, según ellos mismos, el núcleo más duro e intransigente del separatismo catalán.

Eso fue, al menos, lo que se predicó, se vendió y se creyó entonces.

Poco después, concretamente en 1980, Jordi Pujol gana las elecciones autonómicas de la región al frente de Convergencia Democrática de Cataluña, formación creada por él mismo para su uso y disfrute.

Inicialmente, su plan al frente de la Generalitat consistió en copar, uno tras otro, todos o casi todos los centros de decisión y representación de Cataluña con hombres y nombres de su obediencia para, acto seguido, implantar en ella una dictadura burguesa, en principio encubierta pero progresivamente visible, hasta llegar al descaro y la provocación en su etapa última y más próxima.

Estamos ante una segunda edición de la Envolvente catalana: la dictadura burguesa de Cataluña, implantada por Jordi Pujol en 1980 y que hoy, mayo de 2020, sigue vigente con el nombre de Procés.

En mi opinión, esa dictadura burguesa se basa en un principio definitivo e inamovible, sin duda compartido por todos los separatistas: En Cataluña, la política deben hacerla los catalanes y  sólo los catalanes, tanto para ellos como para los no catalanes, en el bien entendido de que catalanes somos nosotros y los que nosotros decimos y decidimos que son catalanes.

Dicho principio, impuesto en la práctica de manera tajante y reforzado después con el llamado Procés, ha significado privar a muchos ciudadanos de Cataluña (4,8 millones de un total aprox. de 6,5 millones, equivalentes a tres cuartas partes de la población) de sus derechos democráticos y constitucionales, y, en definitiva, de la representación proporcional y equitativa en las instituciones públicas de esta comunidad autónoma que les corresponde como individuos y como colectivo social y político.

Conclusión

A mi leal saber y entender como español, todas las instituciones autonómicas de Cataluña creadas al amparo de la Constitución española de 1978 son ilegítimas y stricto sensu  ilegales  por manifiesto fraude de ley.