El búnker de pladur

Entiendo que el  doloso y en apariencia caótico  proceso que ha seguido la Cataluña institucional desde 1978, año del restablecimiento  de la democracia en España, hasta hoy responde a un plan, elaborado durante décadas,  que, a través de una ininterrumpida cadena de fraudes de ley, debe  conducir a esta región española con rango de comunidad autónoma dentro del Reino de España, según consta en su Estatuto (2006), a la condición de Estado soberano con  nombre de república.

Cataluña tiene hoy una población aproximada  de siete millones y medio de personas distribuida básicamente en dos comunidades sociolingüísticas: una comunidad de lengua catalana y sentimiento catalán, equivalente al 40% del total, y una comunidad de lengua española y sentimiento español, equivalente al 60% restante y residual (?).

Por extraño que parezca,  ese hecho no es recogido en ningún documento oficial de la Generalidad: ni en los controles de la población laboral elaborados por la Consejería de Trabajo ni en los controles de la población escolar elaborados por la Consejería de Enseñanza.

Para la Generalidad y sus incontables entes asociados, en Cataluña no existe hoy  una comunidad de lengua española con cuatro millones y medio de miembros,  su identidad y su lengua, sus derechos y sus deberes.

Desde los tiempos de la Transición,  la comunidad de lengua catalana, única existente aquí a efectos oficiales, ha venido copando y ocupando, una tras otra,  todas las instancias de decisión y representación de Cataluña,  hasta hacerse con el  control absoluto de su actividad pública e instaurar una dictadura catalanista cada vez menos encubierta o, si se prefiere, cada vez más invasiva y prepotente.

El resultado de la elecciones del 14 de febrero me dice que los catalanes acudieron a votar como quien cumple un rito (¿religioso, patriótico?), mientras los españoles optaron en su mayoría por una abstención con valor de rechazo y displicencia.