El búnker de pladur

Entiendo que, de acuerdo con nuestra Constitución, en España sólo existe una soberanía nacional y el pueblo español es el sujeto jurídico único, total y exclusivo de  esa soberanía. No hay otra soberanía nacional y no hay otro sujeto  jurídico de ella.

Entiendo que la llamada ley de Consultas aprobada por el Parlamento autonómico  de Cataluña con fecha del 19 de septiembre de 2014 y promovida por Artur Mas, como presidente de la Generalidad, atenta directa y gravísimamente contra la soberanía nacional, que, repito, reside en el pueblo español, e infringe, en los mismos términos, la Constitución española actualmente vigente en todo el ámbito nacional, incluidas Cataluña y su administración.

Entiendo que el Gobierno de España y el Tribunal Constitucional deberán actuar con acierto y diligencia para impedir que Artur Mas burle la legalidad y consiga convocar el referéndum previsto para el día 9 de noviembre próximo.

Entiendo que, si llega a celebrarse ese referéndum, Artur Mas, como presidente de la Generalidad de Cataluña, incurrirá en un delito de prevaricación con fines sediciosos, delito que, en mi opinión, podría y acaso debería  entenderse como un último eslabón, hasta ese momento,  de una cadena de fraudes de ley que tiene por objeto convertir  esta actual comunidad autónoma  en sujeto jurídico y político de una futura soberanía catalana con rango de nación y estado.

Entiendo que, como de costumbre, todo ello es ocultado dolosamente por las actuales  proclamas en favor del derecho a decidir.

Derecho a decidir ¿qué?

Todo lo que se quiera decidir en el ámbito de España debe respetar la Constitución española actualmente vigente, Constitución que los separatistas catalanes también juraron. Así, pues, condición  primera e inexcusable de todo derecho a decidir: LEALTAD CONSTITUCIONAL.