El búnker de pladur

La Audiencia de Schleswig-Holstein, Land  del norte profundo alemán, ha decidido autorizar la extradición de Carles Puigdemont a España no por rebelión contra el Estado español sino por un delito de malversación de caudales públicos.

Descartada la rebelión, según se dice por falta de gravedad o intensidad de los actos de violencia que acompañaron la sublevación,  queda la malversación, y aquí resulta obligado preguntar:

¿A cuánto ascendieron los caudales públicos malversados?

Y, sobre todo, ¿en qué se invirtieron los caudales públicos malversados?

Si en este caso la primera pregunta y sus posibles respuestas merecen una consideración subordinada,  la segunda pregunta y su respuesta real y fidedigna revisten, a mi entender, una importancia decisiva a la hora de definir la naturaleza del presunto delito y su gravedad.

Y, para mí,  la respuesta es tan evidente como innegable: los caudales malversados se invirtieron en financiar un levantamiento contra el Estado español  y su orden constitucional a la catalana manera, o sea, cuidando ante todo que en ese levantamiento no hubiera ni rastro de violencia.

Una rebelión sin rebelión. Dit i fet.

La violencia vendría después y correría a cargo de las organizaciones paramilitares de obediencia separatista, pero nunca sería violencia y nunca serían organizaciones paramilitares.

Al parecer, los teutones no saben que este es el país de la puta i la Ramoneta o, si se prefiere, de la trampa sistemática,  que aquí y ahora es también y sobre todo trampa semántica.