El búnker de pladur

Entiendo que en España se habla español, que es la lengua común de los españoles y la lengua oficial del Estado Español.

Entiendo que afirmar  que en España se habla castellano y que el  castellano es la lengua oficial del Estado Español es incorrecto.

¿Querría explicarme alguien su opinión, cualquiera que esta sea, al respecto?

Se admiten añagazas y  subterfugios con valor de pruebas y argumentos, incluso aberraciones del tipo: En Hispanoamérica se habla español; en España, castellano.

A mi modo de ver, el socialismo español de cuño histórico se extingue (¿definitivamente?) con los varones capitaneados por Felipe González que, al jubilarse, optan por una vida aburguesada tan plácida  como acomodaticia. Esa vida deja sin efecto la retórica combativa y populista del socialismo e incluso de toda nuestra izquierda, pues, para colmo, Pablo Iglesias ha seguido en su última etapa una deriva  que le ha dejado sin ideología confesada y conocida.

En estos momentos, Pedro Sánchez es un ejecutivo con poco o nada de socialista, ya que normalmente actúa por vía expeditiva con el inequívoco  y persistente propósito de mantener a raya tanto a sus aliados como a sus opositores.

De hecho,  Pedro Sánchez tiene agenda, no ideología, mientras que Pablo Iglesias, falto de agenda e ideología, tiene egolatría.

De acuerdo con mi visión e interpretación, en España la derecha llega hasta Fraga Iribarne, que personifica la anacrónica y vacua prepotencia del Régimen de Franco, por entonces ya extinguido.

José María Aznar me parece intelectualmente romo y carente de luces, como corresponde a  nuestra derecha más carpetovetónica, más clerical y menos ilustrada. Hablo de ilustración europea  y universal.

Para bien o para mal, a Pablo Casado lo veo como un subalterno en período de prueba.

¿O acaso será lo suyo un cursillo de aprendizaje acelerado?

Lo dicho, híbridos políticos sin descendencia natural conocida y reconocida.

Quiero ver y entender como una lección de la historia humana que, tan  pronto como los  elementos  antisistema del momento imponen  su ley, basada en la transgresión de la Ley,  las  personas de orden, esas que forman convencionalmente la ciudadanía, desaparecen de su ámbito normal y habitual para buscar refugio  fuera del alcance de los nuevos amos de la situación.

Considero que en los  momentos actuales  son muchas las personas que, dadas las condiciones de inseguridad imperantes, han optado por la huida o, cuando menos, por una especie de muerte civil deliberada: no se dejan  ver ni oír. Pero siguen vivas.

Hablo de Cataluña y pienso que, con salvedades, ocurre lo mismo o casi lo mismo en el resto de España.  En cualquier caso, entiendo que nuestra burguesía ha abandonado la escena pública -política, social y, en parte, económica- a la espera de mejores tiempos.

De momento, parece que el desorden social nos va a llevar al caos y éste, en su etapa final, a la guerra de todos contra todos.

La historia nos dice y enseña que la burguesía no reaparece hasta que se restablece totalmente el orden y nunca falta cuando se escenifica el nuevo reparto del poder.

Yo ya lo he vivido. Imagino que esta vez otros podrán vivirlo y contarlo.

Entiendo que la Envolvente catalana es un plan para apoderarse de España, desnaturalizarla y, acto seguido, catalanizarla. El resultado final previsto y perseguido por sus padres intelectuales y sus promotores es la suplantación de España por Cataluña, una España que, tras ser despojada de su identidad con sus atributos nacionales y ser reducida a la impotencia,  cae víctima de una Cataluña desleal erigida en república  soberana.

De acuerdo con lo visto y lo vivido por los españoles en los últimos cincuenta años, la Envolvente catalana,  en  mi opinión obra suprema de la perfidia separatista, ha consistido en apoderarse furtiva y sigilosamente, una tras otra, de todas las instituciones de decisión y representación de esta región española y, acto seguido, instaurar en ella una dictadura en un primer momento encubierta y siempre rabiosamente catalanista, al margen de España en cuanto Estado de derecho, pero, de acuerdo con la fórmula fenicia,  a un mismo tiempo fuera y dentro de ella.

Dada su estructura modular, la Envolvente catalana puede verse también  como un  recurso táctico-estratégico  y  aplicarse en módulos temporales y/o espaciales. De hecho, los separatistas catalanes han venido practicándola e imponiéndola de manera escalonada y por vía de los hechos consumados en el ámbito geográfico, social y político de su región, desde hace más de cuatro décadas, aunque sus primeras actividades se remontan al tardofranquismo y entonces éstas aparecían disfrazadas de activismo religioso.

El hecho cierto es que Cataluña, dominada totalmente por lo separatistas, tiene hoy un gobierno propio (govern) con instituciones propias, competencias propias  actividades propias y, lo que es infinitamente más grave, jurisdicción propia.

Todo ello hace de Cataluña un espacio político que, por un lado,  escapa al control del Estado español y de forma progresiva queda vedado a los españoles, mientras que, por otro lado, permite que esos mismos  catalanes puedan seguir moviéndose libremente por toda España, acceder a sus instituciones y ocupar cargos de responsabilidad en ellas.

Eso es justamente lo que, a mi entender, nuestros desleales compatriotas  llevan décadas tramando y perpetrando. Ahora, dominada y controlada totalmente Cataluña, se dedican a crear e impulsar focos separatistas en todo el resto de España con el propósito deliberado  de desnaturalizarla, convertirla en tierra de nadie, ocuparla,  colonizarla y, en última instancia, suplantarla.

Nuestra izquierda colabora libre y gustosamente desde hace años en el  plan separatista y, por lo tanto, es también responsable de un delito de traición a la Patria, delito que, en mi opinión, los españoles no debemos consentir.

        Ignominia de ignominias,

                           la destrucción de España y su suplantación por Cataluña

                        dirigidas por españoles y financiadas con dinero español

Jaume Barberà firma una colaboración publicada hoy, jueves, 25 de febrero, en La Vanguardia, órgano oficioso de la burguesía catalana, siempre atenta a los vaivenes de la política doméstica.

En ella, Barberà declara que en las elecciones del pasado día 14, a partir de un censo de 5.368.881 personas, votaron 2.874.610, lo que representa el 53,54% del total. No votaron 2.494.382, cifra equivalente al 48,46% del total.

Barberà hace constar asimismo que en dichas elecciones el 26,98% de los votantes se pronunció abiertamente a favor de la independencia de Cataluña.

Y, aunque  afirma que, en su opinión,  las elecciones fueron legales  y válidas,

me gustaría preguntar:

¿Fueron realmente legales y válidas?  Lo que diga la Ley.

¿Fueron realmente representativas y democráticas? Lo que diga la Ley.

¿Se pueden impugnar esas elecciones y sus resultados  por falta de representatividad y validez democrática? Lo que diga la Ley.

El muchacho, de vena rebelde, incluso anarcoide, acumuló titulos académicos con la brillantez de una mente privilegiada y la ambición de alguien con autoconciencia  de  ser superior.

Del aula a los medios, de los medios, pero sin soltarlos, a la política. Y ahí sigue, siempre a la espera de su gran oportunidad, la oportunidad de su vida.

Yo le llamé el Bolchevique, que, ironías aparte,  me pareció pertinente y es palabra inscrita desde hace bastante más de un siglo en el  ideolecto familiar. Por lo visto, el primero en utilizarla fue mi abuelo materno, el tío Hermógenes, que tenía su predio en la Isla de Plasencia, junto al molino de Serrano.

En realidad, el tío Hermógenes se definió siempre como Bolchevique territorial y así quedó para la posteridad.

Fiel a su sino, el Bolchevique se convirtió muy pronto en un activista de palabra y obra (el líder perfecto), siempre en el ámbito de la extrema izquierda.

En 2014, con  36 años, fue nombrado secretario general de Podemos, partido que en noviembre de 2019 pasó a formar parte del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez.  Ahora el Bolchevique es vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030 del Gobierno presidido también por Pedro Sánchez, pero no se da ni por satisfecho ni por  vencido.

Oficialmente, la Subalterna vive de la pluma y debo confesar que, en mi opinión, no lo hace nada mal. Lo que ocurre o creo que ocurre es que, para bien o para mal, la criatura escribe al dictado y, en este caso, el dictador es siempre un miembro de la burguesía catalana y, por lo tanto, persona con posibles en pecunia, contactos e influencias.

Aquí y ahora,  la Subalterna es toda una influencer.

En cualquier caso, gracias a su habilidad con la pluma, la Subalterna, además de bien pagada, es miembro vitalicio del rovell de l’ou, término con el que se conoce y se reconoce la élite de la burguesía condal en este territorio.

Puedo imaginar que la mujer, aún relativamente joven y de buen ver, tiene sus ilusiones y sus aspiraciones, pero como se dice comúnmente: El que paga manda.

Lo cual no debe hacernos olvidar que a aquel que a buen árbol se arrima buena sombra le cobija.

El Prosélito. A pesar de que, en su nueva vida y en aras de su nueva identidad, el muchacho se ha esmerado y esmerilado asistiendo a  cursos y  cursillos de una prestigiosa universidad catalana, de la que ha recibido los correspondientes títulos, non honoris causa, es fácil ver que es un charneguete de barriada y última o penúltima generación.

Aun así, imagino que tiene buen oído musical y capacidad de adaptación, pero me atrevería a afirmar que habla un catalán de rodalies, detalle que puede malograr o al menos lastrar su carrera política y, muy concretamente, su cargo de portaveu de la futura República de Cataluña.

Evidentemente no sé si superará su condición de prosélito por decisión propia, pero la experiencia me dice que nunca será un sabra,   o sea, un miembro auténtico y legítimo del pueblo elegido.

Pienso que formar parte del Gobierno de España y pactar con personas y formaciones políticas que no sólo incumplen la Ley y desacatan la Constitución sino que incluso lo declaran  públicamente es una  seria anomalía democrática o, más exactamente, una agresión manifiesta a  nuestro Estado de derecho y como tal un delito gravísimo.

A mi entender, eso es lo que ha hecho y hace Pablo Iglesias, vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales del Gobierno de España presidido por Pedro Sánchez, cuando ha pactado y pacta con los independentistas catalanes.

¿Lo sabe? ¿No lo sabe?

En cualquier caso, considero que Pablo Iglesias debe responder de sus actos.

Entiendo que el  doloso y en apariencia caótico  proceso que ha seguido la Cataluña institucional desde 1978, año del restablecimiento  de la democracia en España, hasta hoy responde a un plan, elaborado durante décadas,  que, a través de una ininterrumpida cadena de fraudes de ley, debe  conducir a esta región española con rango de comunidad autónoma dentro del Reino de España, según consta en su Estatuto (2006), a la condición de Estado soberano con  nombre de república.

Cataluña tiene hoy una población aproximada  de siete millones y medio de personas distribuida básicamente en dos comunidades sociolingüísticas: una comunidad de lengua catalana y sentimiento catalán, equivalente al 40% del total, y una comunidad de lengua española y sentimiento español, equivalente al 60% restante y residual (?).

Por extraño que parezca,  ese hecho no es recogido en ningún documento oficial de la Generalidad: ni en los controles de la población laboral elaborados por la Consejería de Trabajo ni en los controles de la población escolar elaborados por la Consejería de Enseñanza.

Para la Generalidad y sus incontables entes asociados, en Cataluña no existe hoy  una comunidad de lengua española con cuatro millones y medio de miembros,  su identidad y su lengua, sus derechos y sus deberes.

Desde los tiempos de la Transición,  la comunidad de lengua catalana, única existente aquí a efectos oficiales, ha venido copando y ocupando, una tras otra,  todas las instancias de decisión y representación de Cataluña,  hasta hacerse con el  control absoluto de su actividad pública e instaurar una dictadura catalanista cada vez menos encubierta o, si se prefiere, cada vez más invasiva y prepotente.

El resultado de la elecciones del 14 de febrero me dice que los catalanes acudieron a votar como quien cumple un rito (¿religioso, patriótico?), mientras los españoles optaron en su mayoría por una abstención con valor de rechazo y displicencia.

Llegado a la vejez con su ineludible y progresivo repertorio de achaques, limitaciones y servidumbres, me ha parecido no sólo  conveniente sino incluso obligado empezar a pensar en la muerte como experiencia humana-ultrahumana y/o  transición física-metafísica.

Durante los años de vida plenamente consciente y activa mi gran preocupación ha sido España, cuyo presente y futuro he vivido con angustia.

Ahora, acaso más prosaico y egoísta, he decidido dedicarme a  poner orden en   mi cabeza, que es mi hogar,  y, siguiendo la propuesta de  don Miguel de Unamuno,  dejar  a  los muertos la tarea de enterrar a sus muertos.

¿Soy tal vez un representante trasnochado y traspapelado de la generación del 98 o será acaso que hay dos generaciones del 98 y, sin saberlo, yo pertenezco a la segunda, la de 1998?

También esta nos sitúa ante un desastre nacional, tal vez el último y definitivo.

En cualquier caso, Unamuno nos enseñó que hay tareas de muertos y tareas de vivos.

Me resigno, pues,  y, decidido a poner orden, empiezo por la economía, que,  según los griegos, es ley de la casa  y por lo tanto abarca todo lo que hay en ella y se hace en ella; en una palabra, su administración.

Entiendo que, si la muerte civil consiste en la privación de los derechos civiles a una persona, en Cataluña, en cuanto parte integrante del Estado español, hay muchísimos  ciudadanos españoles que viven en situación de muerte civil.

¿Tengo que demostrarlo?

¡Pero si son millones!

¿Dónde está el Estado de derecho?