El búnker de pladur

Quim Torra, presidente accidental de la Generalidad de Cataluña, ha lanzado al Gobierno español un aviso que, como es habitual en él y los suyos, contiene a la vez una amenaza y un ultimátum: o el Estado de derecho acepta las condiciones que les exigen los delincuentes separatistas o estos irán a la guerra (naturalmente, guerra sucia).

Estamos a las puertas del otoño, y el ambiente político y social de Cataluña ha empezado a ganar temperatura.

La hoja de ruta está de nuevo en marcha. Cabe pensar que a estas horas las organizaciones paramilitares encabezadas por los Comités de Defensa de la República están preparadas para ocupar las calles y protagonizar lo que ellos llaman actos de desobediencia civil.

Obviamente, todo ello sin violencia.

De acuerdo con la experiencia diría que serán actos de intimidación en los que de una parte se intentará hacer todo el daño posible y de otra parte se buscará el apaciguamiento y la reconciliación tan pronto como la cosa se ponga fea.

Como de costumbre, mitad farol y añagaza de quinquis barriobajeros,  mitad sarta de puñaladas traperas por la espalda y a quemarropa.

Pero hay que tomárselo todo ello muy en serio.

España debe demostrar que es un Estado de derecho  y para ello debe utilizar los medios que la Ley le otorga.

Lo contrario sería una aberración o, si se prefiere, una irracionalidad inadmisible.

¿O sería tal vez una traición en lo alto tras una rendición pactada?

Pregunto:

–¿Qué persona jurídica es responsable de la colocación en espacios públicos de lazos amarillos de manifiesto carácter político?

–¿Cuenta esa persona jurídica con el preceptivo permiso gubernamental?

–¿Qué instancia gubernamental le ha concedido el permiso y, en caso afirmativo, por cuánto tiempo?

–¿Sabe la persona jurídica responsable de la colocación de lazos amarillos en espacios públicos de manifiesto carácter político que, una vez extinguido el período de tiempo concedido, debe proceder a su retirada de manera que dichos espacios públicos recuperen el estado en el que se encontraban con anterioridad?

–¿Sabe esa persona jurídica que su acción puede constituir una infracción de la Ley vigente en España en cuanto Estado de derecho?

En cualquier caso entiendo que el  ciudadano que no esté de acuerdo con la colocación de lazos amarillos en espacios públicos  puede/debe presentar la correspondiente denuncia, no proceder a retirarlos por su cuenta, pues es sabido que a una infracción de la Ley no debe contestarse con otra infracción de esa misma Ley.

Dicen por ahí que  el separatismo catalán está dando o a punto de dar las últimas boqueadas.

¡Qué más querríamos la inmensa mayoría de españoles!

Cincuenta años de conjura dan para muchas  intrigas y muchas traiciones, casi para tantas como las que se necesitan para montar un Estado canalla o, al menos, una fake Republic.

Habrá que esperar al próximo 11 de septiembre y confiar en que sea el último.

Lo más probable es que sea un 11 de septiembre menguante, no el último y tampoco el de la despedida definitiva, arrastre incluido.

Entre otras razones porque el separatismo catalán –en esencia un proyecto político y económico burgués– tiene muchas capas, y quien dice capas dice vidas.

Al menos, siete vidas i la torna; o sea, más que los gatos.

A mi modo de ver y entender, ese movimiento burgués posee una corriente intelectual  de inspiración izquierdosa, incluso teórica e idealmente socialista, pero marcada por atavismos de clase y sometida a una burguesía económica de la que sus prohombres han sido parte destacada en todo momento. Como su clero, siempre cismático y siempre insolidario, nunca franciscano, nunca católico.

Anyhow,  me gustaría creer y, sobre todo, comprobar que el separatismo catalán ha llegado tarde a su cita con la historia.

Y, a decir verdad, ¿qué pinta en la era de la globalización y la UE una conjura urdida y perpetrada como añagaza infame  por una banda de desaprensivos con una fiera corrupia como pilar y portavoz?

Una vez decidida y puesta en marcha la destrucción de España, incluida, cómo no, la abolición de la monarquía, llega la hora de los traidores.

Entre estos veo  separatistas catalanes, criptoseparatistas, filoseparatistas, oportunistas y advenedizos, pero también españoles de derechas y presuntamente de izquierdas, pseudosocialistas y pseudocomunistas, así como españoles amorfos sin afiliación política conocida o  reconocida.

Cada uno puede hacer su lista o sus listas con los nombres que quiera; lo más probable es que siempre se quede corto.

Naturalmente, yo tengo la mía; cada día la hago y la rehago, pero siempre la amplío.

De momento, en ella figuran, además de los nombres obligados del caótico magma separatista,  Pedro Sánchez, Pablo Iglesias,  Miquel Iceta con todos los integrantes de la camarilla del Partido de los Falsos Socialistas  Catalanes y todas las terceras vías que es fan i es desfan.

Entre estos últimos destaca y destaco a Josep Borrell,  que, en mi opinión,  es un hombre llamado a desempeñar un papel políticamente decisivo en la liquidación de España y su esencia histórica y social.

Es posible que, al confeccionar mi lista,  me equivoque, pero probablemente  será más por omisión que por citación.

En España, los traidores son hoy incontables.

Los separatistas  han encontrado una fórmula que, a mi entender, sintetiza y simboliza magistralmente la envolvente catalana. Se trata de un lazo amarillo que merced a una manipulación casi imperceptible se convierte en una soga de horca a la vista de todo el mundo.

De película.

Entiendo que el Estado de derecho se deslegitima cuando no defiende los derechos de sus ciudadanos, incluidos aquellos que infringen sus leyes.

Naturalmente hay muchos casos y situaciones de deslegitimación del Estado de derecho, tanto por omisión como por acción.

Se comete un delito, después una cadena de delitos y, por la vía de los hechos consumados, se convierte esa cadena de delitos impunes en un problema político  que hay que abordar mediante el diálogo y por vía democrática.

Una vez convertido el delito o delitos en problema político, se azuza a las organizaciones paramilitares de obediencia independentista -léase CDR, Òmnium y ANC- para que actúen en la calle y conviertan el problema político en un problema social.

El paso siguiente es el enfrentamiento de la sociedad civil. En ese estamos ahora.

«No nos vamos a limitar a defendernos, vamos a atacar a este Estado injusto». Esa sería, más o menos, la versión en lengua española de lo que dijo Quim Torra hace unos días, en vernáculo, sobre su futura actitud ante el Estado Español o, si se prefiere, ante España, su Gobierno y sus ciudadanos.

En mi opinión se trata de una declaración de guerra en toda regla; una declaración de guerra a la catalana manera, pero declaración de guerra al fin y al cabo.

Como en tantas otras ocasiones, en esta la iniciativa corresponde a los delincuentes.

¿Dónde está el Estado de derecho?

¿Quién dice que eso no es delito?

¿Ni siquiera de prevaricación?

A mi entender, los separatistas vienen prevaricando desde el día mismo en el que juraron, prometieron y/o aprobaron la Constitución, una Constitución que nunca pensaron cumplir y nunca cumplieron.

¿De verdad que eso no es delito?

Pues sí es delito, y las declaraciones de Quim Torra son una prueba fehaciente, pública e irrebatible  entre una infinidad de ellas.

Con la palabra modelo una imagen,

con la palabra le infundo una vida,

con la palabra decido destruirme,

pero antes decido destruirla.

Con la palabra, sólo la palabra,

logos y arcilla.

Dicen por ahí que el tal Pedro Sánchez está copando los cargos superiores de  la Administración  Pública con subalternos adictos y/o afines a su causa.

Como me malicio que la maniobra/añagaza le ha sido inculcada/inoculada por el pérfido Miquel Iceta, asistido ahora por el siempre ambiguo Josep Borrell y toda la recua de falsos y falsas socialistas de Cataluña (PSC), me malicio también que, acto seguido, esos cargos pasarán a manos de separatistas catalanes como parte de su plan para destruir España por etapas o en fascículos.

Eso es lo que yo, ibero irreductible, he llamado siempre envolvente catalana, envolvente de estructura modular que sirve como recurso táctico en múltiples situaciones y como concepto estratégico o global a la hora de concebir y poner en marcha la conjura que ha de llevarnos a la destrucción total e inmisericorde de una España sin españoles dispuestos a defenderla con la cabeza y con el corazón.

¿Por qué crees tú que conjura ha sido una palabra prohibida por y para los separatistas catalanes y sus compañeros de viaje por espacio de cincuenta años?

En cualquier caso, los enterados dicen que la decisión está ya tomada. Ahora viene la escenificación en forma de pantomima democrática.