Por lo que sé, intuyo y me malicio, los separatistas catalanes más pragmáticos y ambiciosos no quieren la independencia –una república catalana– ni ahora ni en un futuro previsible.
A juzgar por sus trajines y tejemanejes, lo que realmente quieren en estos momentos es una nación progresivamente soberana dentro de un Estado español tan débil que termine sucumbiendo al proceso de demolición/desintegración en curso.
Ellos no sólo dirigen y, probablemente, seguirán dirigiendo esa demolición/desintegración sino que, además, mientras tanto se benefician de los recursos del Estado anfitrión/opresor y los utilizan para crear estructuras de estado propias, a la vez exclusivas y excluyentes.
El objetivo a medio plazo es hacer del Reino de España un estado fallido.
Ese será el momento en el que la nueva nación emergente asuma la hegemonía de los territorios ibéricos y sustituya al poder central.
De ahora a entonces, nuestros separatistas se harán con el control de todo el Levante mediterráneo, desde el sur de la provincia de Murcia hasta más allá de la frontera francesa, incluidas, lógicamente, las islas Baleares y partes sustanciales de Aragón. Según ellos, eso supondrá a la postre casi una tercera parte del actual territorio español y una población cercana a los quince millones.
Está previsto que los ciudadanos de la nueva nación tengan, desde un principio, doble nacionalidad (catalana y española), lo que les permitirá moverse libremente por todo el territorio peninsular y ocupar cargos de responsabilidad en todas y cada una de las administraciones autonómicas y, de manera especial, en la Administración del Estado español, mientras que los ciudadanos de éste ya no podrán moverse libremente por los territorios de la nueva nación y, mucho menos, ocupar cargos de cierta relevancia en su Administración.
De acuerdo con ese plan táctico-estratégico, muy probablemente la parte terminará imponiéndose al todo por la sencilla razón de que tendrá y retendrá su parte en exclusiva y, al mismo tiempo, seguirá estando presente en el todo y además lo dirigirá y controlará.
Ya ahora, un ciudadano catalán, por muy insolidario que sea, puede ocupar cargos de responsabilidad en la Administración estatal e incluso llegar a ser jefe del Gobierno de España, en tanto que un ciudadano español, cualquiera que sea su ideología, tiene vedado el acceso profesional y/o político a las instituciones catalanas.
El paso siguiente será la toma oficial del poder político del antiguo Reino de España por las élites del nuevo Estat Català. El poder económico-financiero y mediático ya lo tienen en gran parte desde años y, además, cabe pensar que irán incrementándolo hasta entonces.
Se pretende que la mencionada toma del poder tenga apariencia de relevo en la cúpula y, consecuentemente, se presente y se difunda al mundo como un asunto intraestatal, cerrando así el paso a una eventual intervención de la Unión Europea o la ONU.
De acuerdo con mi modo de sentir y pensar, España se encuentra una vez más ante su destino.
Lealtad o deslealtad equivale aquí y ahora a ser o no ser.
