Más allá y más acá de la memoria histórica: ilegitimidad y responsabilidad

A estas alturas de la historia, con treinta años por medio, es fácil decir que el régimen de Franco era ilegítimo y, por lo tanto, que también lo era todo lo que hizo. Tres consideraciones intempestivas.
Primera. Los pueblos hacen a sus dictadores, no los dictadores a sus pueblos. Los alemanes en cuanto pueblo hicieron a Hitler y lo erigieron en su Führer, no al revés. Los alemanes en cuanto pueblo existían, existen y existirán, antes de Hitler, con Hitler y después de Hitler. De acuerdo con los documentos históricos, en los momentos triunfales del nacionalsocialismo el noventa y nueve por ciento de la población alemana lo apoyaba con fervor y entusiasmo.
Segunda. Aunque Franco se hizo con el poder por la fuerza de las armas, durante cuarenta años, hasta el día después de su muerte, contó con el apoyo no sólo tácito sino también expreso y en la mayoría de casos incluso ostentoso y entusiasta de españoles y no españoles. Ese sería el retrato real y fidedigno de lo que fuimos y de lo que somos, de lo que no fuimos y de lo que no somos. Como hijo de un obrero socialista y huérfano de guerra, debo decir que nunca vi que alguien se manifestara, ni siquiera veladamente, contrario al régimen de Franco. ¿Opresión o cobardía? Personalmente considero que los regímenes políticos, incluidas las llamadas dictaduras, se mantienen básicamente gracias a la cobardía y el espíritu servil de las personas. Que ahora Rodríguez Zapatero venga a erigirse en ejemplo de valentía y lealtad me parece no sólo un insulto sino incluso una provocación, dadas las cualidades que le adornan y desadornan como persona.
Tercera. Actualmente, en Cataluña hay dos comunidades sociolingüísticas, algo que los políticos catalanes/catalanistas se cuidan muy mucho de ocultar: una comunidad de lengua española que representa aproximadamente el cincuenta y cinco por ciento de la población, y una comunidad de lengua catalana que representa el cuarenta y cinco por ciento restante. A pesar de ese hecho objetivo y a pesar de que teóricamente España es un Estado de derecho con un régimen democrático, los representantes de la comunidad de lengua catalana –repetimos, el cuarenta y cinco por ciento de la población– copan todas las instituciones de la Administración autonómica empezando por su Parlamento. En el Parlamento de Cataluña, la comunidad de lengua española, equivalente al cincuenta y cinco por ciento de la población, no tiene ni siquiera una representación, digamos, mínimamente simbólica, pues el hecho es que no tiene representación por la sencilla razón de que, a efectos prácticos, no existe. En consecuencia, las leyes aprobadas y promulgadas por el Parlamento de Cataluña no son ni democráticas ni legítimas ni representativas, toda vez que han sido elaboradas, promovidas y aprobadas por los representantes de la comunidad de lengua catalana no ya sin tener en cuenta los derechos de la comunidad de lengua española sino abiertamente en contra de ellos y de ésta. Deshacer esa situación en todo lo que tiene de ilegítima —sí, de ilegítima, fraudulenta, antidemocrática y dictatorial— es claramente responsabilidad de nuestro actual jefe de Gobierno. Yo estoy convencido de que el pueblo español y concretamente la comunidad de lengua y sentimientos españoles de Cataluña van a recordárselo y exigírselo. ¿Acaso preferirá tener que comparecer ante la magistratura para dar cuenta de su complicidad en este monstruoso fraude de ley que anula y desvirtúa tanto la Constitución de 1978 como el Estado de derecho? A mi modo de ver, ahí están la memoria histórica y la responsabilidad actual.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿qué pasará el día en el que el Tribunal Constiticional declare, y tiene que declararlo, que todas las leyes del Parlamento de Cataluña son ilegítimas?

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