El búnker de pladur

Una ley que no penaliza sus infracciones no es ley

El debilitamiento continuado de nuestro Estado de derecho y, muy concretamente, de su Constitución como marco legal ha traído como consecuencia lógica y obligada el incumplimiento de las leyes. Y viceversa. En cualquier caso, a los infractores no sólo no les pasa nada sino que incluso se los recibe, se los atiende, se los escucha y se les dan explicaciones. Siempre, claro está, que la infracción sea suficientemente grave y meritoria y el infractor esté a la altura del jefe del Gobierno central (léase: español). Tanto si se trata de pactar con los criminales de Eta y poner fecha a la independencia de una región española como si se trata «simplemente» de convocar un referendum de autodeterminación en una parte del territorio español. En la práctica, nada de eso es delito, como no lo es impedir/prohibir que millones de niños españoles puedan estudiar y aprender su lengua materna, el español, en las escuelas públicas. Ni siquiera instaurar minidictaduras en toda una región y convertir a los ciudadanos españoles de esa región en extranjeros de facto. Y el proceso continúa, pues, como decimos, nada de eso es delito. O más grave aún, lo es, pero no se castiga. Así se va debilitando el marco legal y se va preparando el terreno para su liquidación total. En ese sentido, las últimas declaraciones de los separatistas catalanes resultan estremecedoras. Ellos, y sólo ellos, decidirán si van a seguir «estando» en España y, en caso afirmativo, en qué condiciones y hasta cuándo, pues nuestra Constitución es un texto abierto que permite todas las lecturas imaginables, siempre que éstas sean destructivas y autodeslegitimadoras. Sí, la Constitución española se autodeslegitima. ¿Cómo? Por incumplimiento continuado de sus preceptos y, lo que es más triste y aberrante, por no penalizar ese incumplimiento.
Pregunta ingenua e intempestiva: ¿por dónde hay que empezar a reparar el edificio antes de que se venga abajo?