El búnker de pladur

La existencia de una sociedad civil debidamente cohesionada y activa es condición necesaria y, en ocasiones, incluso suficiente para que una democracia funcione, como mínimo, en términos aceptables. La democracia, en cuanto estructura organizativa, es fruto de la sociedad civil, no a la inversa. Las dictaduras, también. Engaños y autoengaños aparte, Franco es fruto de la España de los españoles, Hitler es fruto de la Alemania de los alemanes, Mussolini es fruto de la Italia de los italianos. No a la inversa.

Con democracia o sin democracia, los políticos tienden a formar una casta protegida y separada de la sociedad de la que viven y para que no viven. Y, cuando están en peligro sus intereses, se unen contra el enemigo exterior, la sociedad civil. Aunque con otras palabras y referido a otras situaciones sociohistóricas, eso ya nos lo enseñó Hobbes, el de homo homini lupus y bellum omnium contra omnia (El hombres es un lobo para el hombre y la guerra de todos contra todo). Como en la selva, como en el selvático mundo de los humanos.

Ahora, parece que los políticos de nuestra Meseta central han decidido aliarse con los políticos de todas las periferias para despojar de sus derechos constitucionales en materia lingüística a la sociedad civil española. El Gobierno de la nación no sólo no coordina y armoniza los derechos de la mayoría y de las minorías como establece la Constitución sino que incluso antepone los derechos de minorías que no llegan al diez por ciento de la población total a los derechos de la mayoría, que forma el cuerpo de la sociedad civil española.

Y, como otras veces a lo largo de la historia, esa sociedad civil, traicionada por sus dirigentes políticos, tiene que organizarse y lanzarse a la calle para defender sus derechos, los derechos constitucionales del pueblo español, sujeto actual y depositario histórico de la soberanía nacional.

Pregunta ingenua e intempestiva: ¿tendrá que llevar la sociedad civil española al Gobierno de la nación en pleno ante los tribunales por incumplimiento doloso manifiesto y continuado de sus obligaciones como garante de la Constitución y de los derechos democráticos del pueblo español?