¿De la Ley a la Ley pasando por el caos?
Entiendo que la actual situación política y social de Cataluña nace de una infracción flagrante y deliberada de la Ley en forma de prevaricación contumaz por parte de las autoridades autonómicas.
En su estudiada huida hacia adelante, esas mismas autoridades se apresuraron a poner en marcha un sistema de medidas-trampa sucesivas y escalonadas para convertir inmeditamente esa infracción-prevaricación en un litigio político entre dos sujetos jurídicos homólogos y equiparables, el Gobierno de España y la Generalidad de Cataluña.
Como por ensalmo, nos encontramos ante un conflicto de legitimidades y legalidades o, si se quiere, ante un litigio de competencias.
En cualquier caso, la Generalidad de Cataluña se ha erigido en sujeto jurídico con rango de interlocutor estatal, que es lo que se pretendía.
A eso lo llamaron en su día bilateralidad.
A partir de ahí, mientras el Gobierno de España opta por la línea suicida de wait and see (esperemos a ver qué pasa), la Generalidad reclama y obtiene para su causa el apoyo del sector más politizado y activo del secesionismo catalán.
Ahora, el gobierno de Cataluña dirige un movimiento popular de aparente carácter democrático y pacífico (?) frente a la opresión de un Estado centralista y foráneo.
Y, siguiendo fielmente la hoja de ruta y su manual de instrucciones, la Generalidad cursa órdenes a sus agentes de enlace para que ese movimiento popular protagonice toda una cadena de manifestaciones callejeras que desemboquen en una situación generalizada e incontrolada de desobediencia civil, mientras que Rajoy y su gabinete de crisis prebélica reflexionan y estudian qué van a hacer con el mayor Trapero.
Quiero pensar que a la postre prevalecerá la ley, pero ¿tendremos que pasar antes por el caos?
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