El búnker de pladur

Desde hace como treinta años vengo denunciando, mayormente en esta página, el carácter dictatorial y excluyente de las instituciones públicas que han ido cayendo en manos de los separatistas catalanes a partir de la llamada transición democrática.

La conjura, pues considero que hoy podemos y debemos decir que se trata de una conjura, se fijó como objetivo inmediato copar todas las instancias de decisión y representación democrática de Cataluña para convertir en realidad el sueño, formulado por Prat de la Riba, de que en Cataluña la política la hagan los catalanes y sólo los catalanes, en el bien entendido de que, para los separatistas, catalanes son ellos y los que ellos dictaminan que son catalanes.

En estos momentos, marzo de 2018, los separatistas consideran que no sólo han alcanzado esa meta sino que incluso están en condiciones de enfrentarse en los planos legal y político, nacional e internacional,  al Estado Español y proclamar la República Catalana, que es uno de sus grandes objetivos finales.

Y en esas están. Ellos, incluidos los miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconense, hablan de conflicto de legitimidades; yo, de deslealtad ominosa, a la vez delictiva y pecaminosa.

Lo cierto es que, a pesar de reveses y fracasos tan graves y clamorosos como abundantes, nuestros separatistas, siempre leales a su atávica deslealtad, han ido creando, inventando, usurpando, adoptando y adaptando instituciones, servicios y competencias de carácter estatal y/o autonómico para proveerse de estructuras de Estado con las que organizar y vestir su pretendida República Catalana.

Una de esas estructuras de Estado es la referente a Defensa, que en este caso han pensado ir desarrollando a partir del núcleo inicial de la Policía autonómica (Mossos d’esquadra), hoy integrada por un total de casi 20.000 efectivos y en la que, de momento, están incluidos los incipientes, nada eficientes  y siempre intrigantes Servicios de Inteligencia, que cuentan con el asesoramiento y el apoyo técnico del Mossad israelí (1).

De hecho, el control policial de la población de Cataluña, sobre todo del sector ajeno y/o contrario al plan secesionista, ha sido una de las grandes prioridades de sus promotores y valedores como complemento necesario de la actividad de los partidos políticos y las organizaciones civiles que operan a sus órdenes.

Hoy, el control, la marginación y la instrumentalización de la comunidad española de Cataluña, siempre mayoritaria, y en especial de sus miembros más activos, es una de las claves de las ilógicas e irreales mayorías (¿absolutas?) de los separatistas catalanes en el Parlamento autonómico, en las elecciones y en las actuaciones callejeras.

Como no podía ser por menos, dada la naturaleza de la dictadura implantada en Cataluña por los separatistas, la muerte civil es una de sus medidas preferidas a la hora de deshacerse de elementos subversivos. Yo la veo como el equivalente catalán del tiro en la nunca practicado por los etarras vascos.

Por todo ello, para mí, la pregunta que se impone aquí y ahora es: ¿cuántas personas mantiene en condiciones de muerte civil el régimen policial-dictatorial impuesto en Cataluña por los separatistas?

Una de esas personas soy yo. Y aquí sigo.

(1) Las relaciones y los contactos de la Policía autonómica de Cataluña con el Mossad israelí son hoy de dominio público. Se pueden seguir a través de la prensa nacional y extranjera.

Entiendo que, en  el caso catalán, embrollo es a conjura lo que táctica es a  estrategia.

Llevados de su instinto de supervivencia, los separatistas catalanes  buscan siempre el embrollo, que es a la vez su elemento y su alimento, al tiempo que rehúyen los espacios abiertos y diáfanos en los que, nada más aparecer y comparecer, se les pide que se identifiquen y declaren cuál es su estación de destino.

Això no es fa. Què s’haurà cregut aquesta gent?  Quina democràcia! 

Así, pues, entiendo también  que a los pobres separatistas el embrollo les proporciona, además del elemento vital y el alimento subsistencial, la  seguridad que necesitan para llevar adelante el Proceso y alcanzar la meta final.

Y, aunque no sepamos muy bien en qué consiste esa meta final y, mucho menos, dónde está o cómo piensan alcanzarla, podemos imaginar idealmente que  en ella convergen hoja de ruta y Proceso y con ella terminan  embrollo y conjura.

Táctica y estrategia.

Imagino que, a la postre, el Estado español tendrá que resolver la crisis catalana e instar y/o aceptar la formación de un govern mínimamente homologable en términos democráticos.

Supongo que, llegado el momento, no le será difícil encontrar una docena de subalternos de segundo rango dispuestos a hacer méritos y sacrificarse por el país.

Y a buen seguro que lo harán.

Eso nunca fue difícil; y tampoco, que los designados prometan jurar la Constitución y todo lo que haya que jurar y prometer. El problema con esos subalternos, como con los anteriores, con todos los anteriores, es conseguir que respeten la palabra dada y cumplan lo jurado y/o prometido.

Y, si eso nunca fue fácil en el pasado, tenemos derecho a  pensar que tampoco va a serlo en el futuro, un futuro que se me antoja muy negro para los españoles, menos para aquellos que hemos abandonado toda esperanza en la redención, por un acto de lealtad, de un colectivo humano siempre distante y  disidente.

Para nosotros, sabedores de que nadie puede dar lo que no tiene,  ese futuro es sencillamente desesperado.

En cualquier caso, antes de restablecer el organigrama de la Generalidad con todos sus cargos, supongo que el Estado español obligará a los responsables directos del golpe de Estado del 1 de octubre pasado a comparecer ante la Justicia. Según mis cálculos,  entre cien y ciento cincuenta en total. De ellos, algo así como el ochenta por ciento será declarado culpable.  Todo -repito- según mis cálculos.

Considero que el separatismo catalán ha sido derrotado pero no aniquilado. Sus dirigentes políticos han quedado desacreditados en términos políticos, en términos económicos,  incluso en términos morales, pero el catalanismo social -pequeñoburgués y burgués-, ese que va de los botigers a los ejecutivos de segundo nivel y los que ejercen profesiones liberales a escala local y/o regional, pasando por todo el colectivo de la Enseñanza, un sector de la Sanidad y el grupúsculo más beligerante  y cismático del clero, sigue vivo y probablemente seguirá vivo.

Eso sí, atrapado en el masoquismo de una minoría oprimida secularmente y condenado al  irredentismo  de un colectivo humano que, a mi entender, nunca fue ni pueblo ni nación.

¿Naciúncula? Facción, sólo facción.

Nota.

Xavier Trias ha manifestado  en un medio de comunicación: «El Estado nos planteó un pulso y nos ganó del todo».  Personalmente considero que fue la Generalidad de Cataluña la que hizo un  pulso al Estado español al infringir gravísimamente la Constitución, y, como es lógico, lo perdió.

Lo medios de comunicación nos informan de que la máquina de la Justicia de España, oficialmente Estado de derecho pero para algunos de sus ciudadanos Estado totalitario y opresor, se ha puesto en marcha y ha enviado a prisión a una primera tanda de políticos desleales y subversivos por su implicación en el referéndum del  1 de octubre y la declaración de la República Catalana el día 27 del mismo mes.

Prisión preventiva.

Curiosamente, varios de los amenazados con prisión preventiva se han anticipado a tan ominosa medida y han respondido con una fuga preventiva, que evidentemente es una trampa preventiva.

Y, así las cosas, me pregunto: ¿qué pasará si cunde el ejemplo entre los heroicos defensores de la libertad?

Carles Puigdemont ha sido detenido esta mañana, poco antes de mediodía, nada más pisar suelo alemán por carretera, a la altura de la localidad de Schuby, procedente de la vecina Dinamarca.

Tras el preceptivo paso por comisaría, Puigdemont ha sido trasladado en el día de hoy al centro penitenciario de Neumünster.

Perece ser que en Alemania, Puigdemont, prófugo de la justicia española, será acusado de un delito de alta traición (Hochverrat)  y, de acuerdo con la euroorden cursada por el Gobierno español, en su momento  será puesto a disposición de la Justicia española.

En mi opinión, en España debería responder, entre otros,  de los delitos de prevaricación, rebelión y sedición, con reincidencia y  contumacia, deslealtad institucional e incitación a la rebelión y la deslealtad institucional, así como del delito de malversación de caudales públicos.

Por lo demás, entiendo que en un Estado de derecho lo único que es exigible a todos sus ciudadanos por igual, sin salvedades ni  excepciones, es el cumplimiento de la Ley. El castigo es preceptivo para todo aquel que la infringe.

Parece que, una vez más, Alemania está dispuesta a acudir al rescate de España, antes de que se consume la traición maquinada por los separatistas catalanes con todas sus consecuencias: una España descuatizada,  arruinada y envilecida, después de pasar por el caos social, político y económico.

Es muy probable que, una vez más, Alemania esté a la altura de las circunstancias y responda con una intervención enérgica, pues está en juego no sólo la supervivencia de una de sus aliadas históricas como es España sino también su propia supervivencia  como  potencia europea.

No menos probable es que el Gobierno alemán ponga condiciones a esa intervención y ese rescate. La principal, que en adelante los españoles deberán asumir en primera persona la defensa integral de su propio país, sin confiar en sus aliados.

La fórmula de esa defensa es tan sencilla como lógica: respeto del orden constitucional y cumplimiento estricto de la Ley.

Para empezar podemos echar mano de la receta acuñada por el empresario Karl Jacobi -para mí, mezcla de Junker prusiano y judío ilustrado- y decir con él:  «Todos esos a prisión por delincuentes».

Entiendo que todo y, en principio, lo único que debe hacer la señora Cifuentes es presentar la documentación completa, sí, sí, completa, del máster cursado y aprobado. Las explicaciones se las reserva para cuando se las soliciten quienes pueden y deben.

Entiendo asimismo que la norma sirve para este caso y todos los casos análogos.

A mi entender, los separatistas se apoderaron de la inmensa mayoría de las instituciones públicas de Cataluña por procedimientos dolosos e implantaron una dictadura de estirpe burguesa, con una leve apariencia democrática.

Esa dictadura responde a una conjura que ha durado más de cuarenta años y que ahora, cuando está el peligro la supervivencia de España como nación histórica y Estado de derecho, debemos denunciar y condenar por todos los procedimientos lícitos para que se conozca la verdad y se reinstaure el imperio de la ley.

La ley del Estado de derecho.

A mi modo de ver, los miembros de la Eta vasca se deshacían de sus enemigos mediante un tiro en la nuca, mientras que los separatistas catalanes vienen deshaciéndose de los suyos mediante la muerte civil.

Varía el método, como varía el carácter de las personas, pero, en mi opinión, el fin perseguido es el mismo: implantar la dictadura del terror allí y aquí.

Guardiola, recuerda: «Si mientes y te engañas a ti mismo, sigues mintiendo».