El búnker de pladur

Desde hace como treinta años vengo denunciando, mayormente en esta página, el carácter dictatorial y excluyente de las instituciones públicas que han ido cayendo en manos de los separatistas catalanes a partir de la llamada transición democrática.

La conjura, pues considero que hoy podemos y debemos decir que se trata de una conjura, se fijó como objetivo inmediato copar todas las instancias de decisión y representación democrática de Cataluña para convertir en realidad el sueño, formulado por Prat de la Riba, de que en Cataluña la política la hagan los catalanes y sólo los catalanes, en el bien entendido de que, para los separatistas, catalanes son ellos y los que ellos dictaminan que son catalanes.

En estos momentos, marzo de 2018, los separatistas consideran que no sólo han alcanzado esa meta sino que incluso están en condiciones de enfrentarse en los planos legal y político, nacional e internacional,  al Estado Español y proclamar la República Catalana, que es uno de sus grandes objetivos finales.

Y en esas están. Ellos, incluidos los miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconense, hablan de conflicto de legitimidades; yo, de deslealtad ominosa, a la vez delictiva y pecaminosa.

Lo cierto es que, a pesar de reveses y fracasos tan graves y clamorosos como abundantes, nuestros separatistas, siempre leales a su atávica deslealtad, han ido creando, inventando, usurpando, adoptando y adaptando instituciones, servicios y competencias de carácter estatal y/o autonómico para proveerse de estructuras de Estado con las que organizar y vestir su pretendida República Catalana.

Una de esas estructuras de Estado es la referente a Defensa, que en este caso han pensado ir desarrollando a partir del núcleo inicial de la Policía autonómica (Mossos d’esquadra), hoy integrada por un total de casi 20.000 efectivos y en la que, de momento, están incluidos los incipientes, nada eficientes  y siempre intrigantes Servicios de Inteligencia, que cuentan con el asesoramiento y el apoyo técnico del Mossad israelí (1).

De hecho, el control policial de la población de Cataluña, sobre todo del sector ajeno y/o contrario al plan secesionista, ha sido una de las grandes prioridades de sus promotores y valedores como complemento necesario de la actividad de los partidos políticos y las organizaciones civiles que operan a sus órdenes.

Hoy, el control, la marginación y la instrumentalización de la comunidad española de Cataluña, siempre mayoritaria, y en especial de sus miembros más activos, es una de las claves de las ilógicas e irreales mayorías (¿absolutas?) de los separatistas catalanes en el Parlamento autonómico, en las elecciones y en las actuaciones callejeras.

Como no podía ser por menos, dada la naturaleza de la dictadura implantada en Cataluña por los separatistas, la muerte civil es una de sus medidas preferidas a la hora de deshacerse de elementos subversivos. Yo la veo como el equivalente catalán del tiro en la nunca practicado por los etarras vascos.

Por todo ello, para mí, la pregunta que se impone aquí y ahora es: ¿cuántas personas mantiene en condiciones de muerte civil el régimen policial-dictatorial impuesto en Cataluña por los separatistas?

Una de esas personas soy yo. Y aquí sigo.

(1) Las relaciones y los contactos de la Policía autonómica de Cataluña con el Mossad israelí son hoy de dominio público. Se pueden seguir a través de la prensa nacional y extranjera.