El búnker de pladur

Entiendo que el plan  separatista catalán (procés), basado en un estudiado y minucioso  gradualismo táctico-estratégico que cubre un período de más de cincuenta años y va desde la petición de un estatuto de autonomía, en los albores de la democracia (1978),  hasta la declaración de independencia y la proclamación de la República de Cataluña (octubre de 2017), constituye por encima de todo un delito de deslealtad constitucional: deslealtad   al Estado Español, del que la Generalidad de Cataluña forma parte y al que, en primera y última instancia, debe y deberá su legitimidad en tanto se mantenga el orden constitucional que la alumbró.

Entiendo asimismo que, de acuerdo con el plan establecido con carácter de programa y hoja de ruta, esos actos de deslealtad al orden constitucional español por parte de los sucesivos  titulares  de la Generalidad hasta llegar al señor Quim Torra  han conducido a un enfrentamiento, en un principio  encubierto y después progresivamente manifiesto, con el Estado Español, enfrentamiento que ahora yo me atrevo a definir, por mi cuenta y riesgo, como  declaración de guerra a España.

Como es lógico, guerra y declaración de guerra a la catalana manera.

En estas circunstancias -con una España en estado crítico por el acoso persistente e implacable de las fuerzas separatistas- pido y, si me es permitido, exijo al Gobierno de la Nación que asuma con rigor y sentido de la responsabilidad  la defensa del Estado de Derecho llamado Reino de España y vele por el cumplimiento estricto del orden constitucional vigente con los medios que la Ley le otorga.

Entiendo que es derecho que me asiste y, por entender que me asiste,  lo  reclamo en mi condición de ciudadano español.