Delitos de Estado
Es comúnmente sabido que los gobiernos que se han sucedido en España a lo largo de su última etapa democrática han actuado contra Eta desde dentro de la ley y desde fuera de la ley.
Es comúnmente sabido y aceptado asimismo que Eta es una organización terrorista y por lo tanto criminal. Sus miembros están fuera de la ley y muchos de ellos han cometido delitos de sangre por los que no siempre han cumplido la preceptiva condena.
Es sabido y aceptado igualmente que, en principio, el Estado de derecho posee medios suficientes para imponer, defender y mantener el imperio de la ley en todo el ámbito de su jurisdicción.
De hecho, parece ser que ahí radican la legitimidad del Estado de derecho y su superioridad ética frente a otras formas de gobierno y convivencia social.
¿Está en condiciones el Estado español de proceder a través de su Judicatura contra todas las personas que desde el Gobierno de la nación han incurrido en delitos de Estado, incluso en crímenes de Estado?
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