El búnker de pladur

Quiero entender que la patronal catalana o, en mi lenguaje, la burguesía condal dedicada a la economía productiva ha decidido apoyar  abiertamente la causa de España, abandonando, ¡por fin!,  a su suerte a los separatistas.

Veremos si es así y, en caso afirmativo, cuánto dura ese apoyo y, sobre todo, en qué se sustancia.

De momento no tengo motivos para  dudar de la sinceridad de su decisión, tanto menos cuanto que parece inspirada en el más elemental egoísmo humano, aunque en estas tierras se acostumbre a disfrazarlo de cordura o sensatez y se lo llame seny.

En cualquier caso, lo que no deja se deja.

Queda por ver qué va a ser de los practicantes-beneficiarios vitalacios de la economía especulativa -políticos autonómicos, influencers, comisionistas y demás subalternos aconductats-  si un día se decide y consigue racionalizar la Administración de este Estado, que lo es de derecho y por derecho.

Aun así, me conformaré con presenciar que se pone fin a la aberración de ver cómo un Estado de derecho es destruido desde dentro por elementos desleales de su propia Administración.

La patronal catalana ha hablado y ha dicho que hay que volver al trabajo.

Para mí eso significa que, una vez se hagan públicas las sentencias que corresponden a los principales responsables del procés, se habrá acabado la gran bronca nacional. De momento.

¿Se deben excluir las réplicas?

Pienso que no. Pero imagino que serán réplicas inconexas y de intensidad decreciente.

Aun así, estoy convencido de que el separatismo catalán seguirá vivo y activo.

Me inclino a pensar que  no sólo se negará a devolver lo usurpado durante décadas sino incluso que tratará de reforzar su resistencia en forma de esa guerra sucia que marca su atávica frustración y su irredentismo.

Vamos a ver qué pasa, y, en cualquier caso, que Dios reparta suerte.

Considero que, además de enviar agentes del orden a Cataluña, las autoridades españolas podrían y, en un caso como el presente, deberían aprender de nuestros odiosos, nunca odiados, separatistas. Concretamente de su perfidia y malas artes.

No me parece ni imaginable ni admisible que una banda de delincuentes se imponga a un Estado de derecho y su Constitución por no emplear los medios que tiene a su disposición como es su deber.

Aprendamos de quienes llevan décadas tramando la destrucción de España.

Entiendo que el abad de Montserrat como responsable primero y principal  de la abadía y sus actividades abre cristiana y generosamente las puertas del recinto sagrado a un grupo de devotos feligreses y luego el monasterio emite un comunicado en el que hace constar  que «no es promotor ni se adhiere institucionalmente a la velada», pues  «Montserrat es la casa de todos y no se posiciona ni a favor ni en contra de acciones políticas concretas».

Todo ello, muy santo y muy cristiano.

Aun así, entiendo que tanto el abad y el monasterio como los ciudadanos en general saben o están en condiciones de saber que esos devotos feligreses  apoyan -no siempre por procedimientos legítimos y lícitos-  a personas que están en situación de prisión preventiva y a punto de ser juzgadas bajo la acusación de haber infringido gravísimamente las leyes de un   Estado de derecho llamado Reino de España, del que esas personas son ciudadanos de pleno derecho.

Y, como esos ciudadanos gozan de todos sus derechos constitucionales,  el ofrecimiento de la institución eclesiástica y su abad me parece  algo así como  poner una vela a Dios y otra al demonio o, dicho en vernáculo, jugar a la puta i la Ramoneta.

Entiendo que el plan  separatista catalán (procés), basado en un estudiado y minucioso  gradualismo táctico-estratégico que cubre un período de más de cincuenta años y va desde la petición de un estatuto de autonomía, en los albores de la democracia (1978),  hasta la declaración de independencia y la proclamación de la República de Cataluña (octubre de 2017), constituye por encima de todo un delito de deslealtad constitucional: deslealtad   al Estado Español, del que la Generalidad de Cataluña forma parte y al que, en primera y última instancia, debe y deberá su legitimidad en tanto se mantenga el orden constitucional que la alumbró.

Entiendo asimismo que, de acuerdo con el plan establecido con carácter de programa y hoja de ruta, esos actos de deslealtad al orden constitucional español por parte de los sucesivos  titulares  de la Generalidad hasta llegar al señor Quim Torra  han conducido a un enfrentamiento, en un principio  encubierto y después progresivamente manifiesto, con el Estado Español, enfrentamiento que ahora yo me atrevo a definir, por mi cuenta y riesgo, como  declaración de guerra a España.

Como es lógico, guerra y declaración de guerra a la catalana manera.

En estas circunstancias -con una España en estado crítico por el acoso persistente e implacable de las fuerzas separatistas- pido y, si me es permitido, exijo al Gobierno de la Nación que asuma con rigor y sentido de la responsabilidad  la defensa del Estado de Derecho llamado Reino de España y vele por el cumplimiento estricto del orden constitucional vigente con los medios que la Ley le otorga.

Entiendo que es derecho que me asiste y, por entender que me asiste,  lo  reclamo en mi condición de ciudadano español.

A mi entender, el recurso a los medios violentos -armas de fuego y explosivos- contradice la doctrina oficial y oficiosa del catalanismo político, al menos de acuerdo con sus declaraciones públicas,  pero, de manera especial, la trayectoria histórica y el tarannà de una colectividad humana como la catalana.

Por lo demás, salto cualitativo en cuanto paso de las palabras a los hechos y vulneración grave y premeditada de las leyes del Estado de derecho llamado Reino de España,  leyes a las que los dirigentes políticos catalanes están sometidos bajo juramento por su condición de ciudadanos españoles y representantes oficiales del Estado Español en Cataluña.

A mi entender, con tales actos -vulneración de las leyes del Estado de derecho y recurso a medios violentos y antidemocráticos (armas de fuego y explosivos)-, esos líderes políticos han perdido la poca  legitimidad que les quedaba y con ella el apoyo del sector mayoritario de la ciudadanía de Cataluña.

Esperemos a ver cómo les va en el juicio a los presuntos facinerosos y en qué se sustancia la sentencia y, sobre todo, el cumplimiento de la sentencia.

A mi entender, a partir del día siguiente habría que empezar a pensar cómo se desmonta la dictadura encubierta impuesta y mantenida en Cataluña, durante cuatro décadas,  por los separatistas mediante una cadena de fraudes de ley y la usurpación implacable de las instancias de decisión y representación de esta comunidad autónoma.

¿Dictadura encubierta? Sí, pero cada vez menos.

Entiendo que, dadas la gravedad, la magnitud y la perentoriedad de la amenaza separatista en Cataluña, el Estado Español está habilitado/obligado, legítima y legalmente, a tomar inmediatamente las medidas necesarias (tácticas y sobre todo estratégicas) para  anticiparse así a las acciones violentas, ahora ya más que probables,  contra la convivencia de los ciudadanos de Cataluña, contra los derechos de todos los españoles y en definitiva contra el titular del Estado de derecho llamado Reino de España.

Entiendo que la situación actual de Cataluña puede y debe entenderse como un momento decisivo  dentro de un plan que arranca del incumplimiento sistemático y planificado de la leyes del Estado de derecho por parte de los separatistas (prevaricación) y, pasando por un supuesto conflicto de legitimidades con su consiguiente politización, está llamado a desembocar inmediatamente  en un enfrentamiento abierto, con caracteres de guerra civil, de las dos comunidades socio-lingüísticas de Cataluña.

Entiendo que, si es así, los españoles nos reencontraremos con el episodio más autodestructivo e irracional de nuestra historia reciente.

Aquí entiendo caos simplemente como desorden y me refiero en concreto a esa situación que puede y suele producirse cuando varias personas se  reúnen para tratar asuntos de su interés.

¿Asuntos políticos? Puede ser.

Con un poco de suerte entonces podremos ver que lo que empezó como una conversación más o menos civilizada  se va transformando paulatina o rápidamente  en un debate en el que todos y cada uno de los presentes/participantes no sólo procuran exponer sus ideas sobre asuntos comunes, sino también y sobre todo  imponer a los demás su opinión y en definitiva su criterio sobre materias de su particular interés.

La conversación se ha convertido en un debate y  el debate en una batalla pseudodialéctica de todos contra todos.

Con un poco de suerte puede ocurrir que a la postre alguien consiga imponerse gracias a la fuerza de sus razonamientos y argumentos y se llegue a una solución del problema  más o menos pactada y democrática.

Pero también puede ocurrir y de hecho ocurre con más  frecuencia que ninguno de los hablantes/vociferantes/gesticulantes consiga acallar a los demás y se entre en una espiral en la que todos gritan y nadie escucha.

Estamos en un caos progresivo y retroalimentado, caos que cada uno que interviene agranda y  agrava.

Llegados a ese punto, yo procuro seguir el consejo de Ludwig Wittgenstein en su conocido Tractatus Logico-Philosophicus: «De lo que no se puede hablar hay que callar», que traducido a mi lenguaje particular dice: «En situaciones de caos, el silencio es  a menudo la respuesta más racional y democrática».

Las declaraciones de Íñigo Errejón en sus últimas comparecencias en la escena pública de este país -no España- me han inspirado las reflexiones precedentes y, por encima de todo,  me han llevado a dudar profundamente de su lealtad.

Entiendo que, en definitiva, los separatistas nos  sitúan ahora a los españoles ante el gran dilema de nuestra  historia reciente: seguir siendo lo que somos o dejar de ser lo que hemos sido hasta ahora.

Así las cosas, pienso que los españoles podríamos/deberíamos aprovechar la traición separatista para infundir nueva vida y nueva energía a España.

¿Cómo? Uniéndonos.

No sé si los separatistas terminarán imponiéndose a los españoles. Lo que sí sé es que los separatistas, armados con su perfidia, tienen un plan -conjura- para destruir España y suplantarla, y sé también que llevan más de cincuenta años trabajando en él.

Evidentemente,  cada día que pasa les falta menos para conseguir su objetivo.

Veo asimismo que los españoles, atrapados en nuestra atávica desidia,  aún no hemos elaborado  un plan para oponernos enérgicamente a la conjura de los separatistas y vamos a remolque de ellos, a pesar de tener un Estado de derecho vigente y consolidado.

¿Qué debo hacer yo, a mis 85 años,  para no asistir como un cobarde a la destrucción de mi Patria?