El búnker de pladur

Pienso que, aunque Joan Tardà, peso semipesado del independentismo catalán, hizo de él su subalterno, en términos de catalanidad/judeidad Gabriel Rufián (Santa Coloma de Gramanet, 1982) será siempre un prosélito, nunca un sabra.

Vuelvo a Margarita

y, de su mano,

al río amigo de una infancia aterida.

Soy niño con ángel,

pero condenado a muerte

de por vida.

Considero que una de las etapas decisivas de la envolvente catalana, ya sin posible vuelta atrás, se iniciará oficialmente cuando nos coloquen a un catalán al frente del Gobierno de España.

Tal como está el panorama y tal como va la cosa, podemos augurar que no falta mucho para la escenificación oficial de ese  acontecimiento histórico.

Entonces tendremos una Cataluña convertida en república independiente y, como es lógico, gobernada por un radical, pero, de momento, a la vez fuera  y dentro del estado plurinacional creado con premura ad hoc, y una España residual y menguante gobernada asimismo por  un catalán como cabeza visible de un partido totalitario, progresivamente catalanista  y monocatalanizador.

A mi entender, Albert Rivera podría ser muy bien el catalán que los futurólogos del catalanismo tienen desde hace tiempo en cartera para dar ese paso que será muchísimo más que un paso y comparecer en televisión como jefe del Gobierno de España.

Todo lo que el muchacho necesita son unas cuantas instrucciones, amén de unos pequeñoss ajustes,  para que empiece a dejar ver poco a poco, de mica en mica, el catalán que siempre ha llevado dentro.

Es más que probable que en su momento le acompañe -como aliado, sparring o rival ficticio- el franco-catalán Manuel Valls, aunque sólo sea para conferir visos de autenticidad democrática a tamaña pantomima política.

En resumen, juego entre catalanes en un Madrid periclitado de zarzuela y juego de catalanes entre el Madrid cortesano y la Barcelona erigida en capital de la nueva república independiente, hechura y aliada de Israel.

¿Fin de un irredentismo y fin de una historia?

Me inclino a pensar que las fuerzas separatistas, una vez más conjuradas para la ocasión, harán todo lo humanamente imaginable para reventar el juicio contra los golpistas  y sobre todo el veredicto final.

Los acusados son y serán presos políticos. Y, por lo tanto, serán tratados como héroes por las instituciones secesionistas de Cataluña y sus representantes: todas y todos.

Por eso mismo considero que los partidos constitucionalistas en su conjunto deberían exigir a Pedro Sánchez que expusiera ante los españoles todas las cesiones y concesiones que se ha comprometido a hacer  a los separatistas catalanes para obtener su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado.

Puedo pensar que si los acusados de rebelión reciben las penas que en rigor  merecen, y las cumplen, no se habrá acabado, ni mucho menos, con el separatismo catalán, pero si éste consigue chantajear al Estado y salirse con la suya, los españoles deberemos empezar a pensar en el peor de los escenarios posibles.

Un escenario en el que España quedará a merced de todas sus fuerzas destructivas y desintegradoras.

Pienso que, esté preparada o no, España tendrá que hacer frente, un día u otro, a la amenaza de sumir a nuestra Patria en el caos que van a lanzar los separatistas catalanes a no mucho tardar.

De hecho, tan pronto como esos separatistas, ayudados por una izquierda falsa y traidora,  consigan dejar fuera de combate a la Monarquía, obligándola a abandonar la escena pública, españoles y no españoles deberemos  empezar a pensar, si es que tenemos memoria histórica, que ha llegado la hora de la traca final.

A partir de ahí, lo vivido y conocido, pero aún no aprendido.

A mi modo de ver, lo ocurrido en Cataluña el 1 de octubre de 2017 fue un golpe de Estado a la catalana manera, o sea, un golpe de Estado a cargo del Parlamento autonómico y demás instituciones autonómicas.

Por lo demás, un golpe de estado programado y anunciado; de momento, sin violencia física (esa vendrá más adelante y será protagonizada por  los CDR), pero con delitos que van de la prevaricación a la deslealtad institucional, todo ello de acuerdo con la historia y la idiosincrasia de nuestros separatistas.

En conclusión se impone una redefinición de los conceptos jurídicos afectados y  de la idiosincrasia de ese colectivo  humano siempre dispuesto a la traición y la deslealtad.

Tras un inicio prometedor y un ascenso incluso fulgurante en Francia, donde llega a ser ministro de Interior y primer ministro con François Hollande, Manuel Valls conoce el ostracismo político en su país de adopción y decide probar suerte en España y concretamente en Barcelona, su ciudad natal.

En septiembre de 2018 anuncia su candidatura a la alcaldía de la ciudad Condal en las elecciones municipales de mayo de 2019.

Aunque ideológicamente  Valls se sitúa en una izquierda que mira con insistencia a la derecha, en su nueva singladura política parece huir de toda identificación con un partido convencional y abogar por el lanzamiento de un proyecto transversal que en principio iría de Ciudadanos al sector no independentista o menos independentista de  la burguesía catalana.

Pero como Manuel Valls es ante todo  un político profesional con un agudo instinto de supervivencia,   habrá que esperar a ver cómo le trata la suerte a la hora de repartir las cartas de la baraja para saber qué línea va a adoptar realmente.

De momento, dos cosas parecen  ciertas, al menos para mí.

Primera. La  activista del catalanismo social Ada Colau es su rival número uno y la candidata auspiciada en este caso por el stablishment catalanista-independentista. Su gran acierto sociopolítico ha consistido en hacer política separatista con los votos de los charnegos de la Ciudad Condal, siguiendo así la línea histórica del PSC de Maragall e Iceta.

Segunda. En mi opinión, tan pronto como el candidato Manuel Valls vea que no tiene los apoyos (políticos, sociales y económicos, sobre todo económicos) necesarios para ganar, abandonará la lucha.

Lo dicho, Manuel Valls es un político profesional, no un mártir.

A mi entender, todos los recursos tácticos de los separatistas catalanes, como todas sus acciones políticas, están inspirados en la perfidia y la deslealtad, que en realidad son sendas señas de identidad de todos ellos como colectivo y como individuos.

En estos momentos, dos de sus recursos tácticos más infames y perversos consisten en identificar todo lo español con el franquismo (dictadura fascista) y todo lo catalán con la democracia.

Así, los españoles somos fascistas por nacimiento y los separatistas catalanes son demócratas por derecho.

Entiendo que, cuando los políticos independentistas catalanes piden al Gobierno de España que «medie» ante el Poder Judicial para que sean puestas en libertad  las personas que se hallan en situación de prisión preventiva, bajo la acusación de rebelión,  por los actos perpetrados el 1 de octubre de 2017, se está cometiendo un delito doble.

En mi opinión, de una parte, delinquen los que piden/exigen la libertad de los presos y, de otra parte, delinquen los que se avienen a tratar y, llegado el momento, pactar la libertad de los presos.

Injerencia flagrante por parte de los políticos independentistas y  de los miembros del Gobierno de España en asuntos que no son de su incumbencia, dado que, por su naturaleza, esos actos son de la competencia exclusiva de los órganos del Poder Judicial creados a tal fin, habida cuenta de que el Reino de España es hoy un Estado de derecho y, como tal, defiende la separación de los tres Poderes y, en este caso concreto, defiende la independencia del Poder Judicial.

Por último, entiendo que, en un Estado de derecho, la infracción de la Ley no es un asunto político que los políticos  deban tratar, sino un asunto legal que los órganos del Poder Judicial deben tratar y resolver.

A no ser que lo que se busca sea precisamente acabar con el Estado de derecho.

¿Es ese el caso de los separatistas catalanes? Yo estoy convencido de que sí.

Desde hace años, incluso décadas, los separatistas catalanes vienen infringiendo grave y gravísimamente, de manera reiterada, la leyes del Reino de España, Estado de derecho cuya Constitución prometieron acatar, pero lo hacen invocando siempre el nombre de la democracia y el juego político.

El separatista catalán, conocedor del carácter fraudulento de su actividad, nunca menciona la Ley, como nunca menciona el Estado de derecho, como nunca menciona el nombre, para mí sagrado, de España.

En cualquier caso, todo ciudadano español, y todo catalán es en principio ciudadano español, está obligado a cumplir la Constitución hoy vigente en todo el territorio de España.

Evidentemente, los representantes legales del Reino de España en cuanto Estado de derecho están obligados a cumplir esa Constitución y hacer que se cumpla.

Y, evidentemente, todo aquel que no la cumple es un delincuente.

El diálogo «democrático» al margen de la Ley del Estado de derecho es un fraude y, por lo tanto, un delito. Otro tanto cabe decir de los acuerdos políticos alcanzados en esas condiciones.