El búnker de pladur

En opinión del Insomne, la corrupción en todas sus formas y entendida siempre como comercio (no tráfico) de poder y/o influencia es inherente a la política,  puesto que  de hecho  existe desde que la política es política.

Cualquiera que sea la imagen visible y tangible que adopte ese comercio, en el fondo se trata  siempe de una transacción  del tipo do ut des (te doy para que me des), en  el bien entendido de que lo que tú me des después tiene que tener siempre más valor que lo que  yo  te doy ahora, pues de lo contrario no habrá comercio.

Y es sabido que para que haya comercio tienen que beneficiarse las dos partes.

El secreto  está en que lo que yo te doy ahora, proceda o no proceda   de mi bolsillo,  es para ti, mientras que lo que tú me vas a dar cuando llegue  el momento  no  saldrá  nunca  ni de tu bolsillo ni de tu cuenta corriente.

Hoy en  día, las relaciones humanas en el ámbito de la política son tan complejas  y tan oscuras que un político que se precie no tiene  necesidad de  robar en plan bandolero, ni siquiera en plan mafioso,  para  lucrarse e incluso para enriquecerse. Basta con que se mantenga bien  informado  y, llegado el momento, mueva inteligentemente los hilos de modo  que uno de sus hombres de paja esté en el sitio justo y actúe en el momento justo, según la  fórmula norteamericana.

Dadas las cantidades que, dentro de la política,  se mueven en las operaciones de soborno en todas sus formas,   el Insomne considera que lo de Camps y Rita Barberá es algo así como el chocolate del loro.

Habría que ir más arriba e hilar más fino.

Mientras tanto no estaría demás poner un poco de orden en esa parcela de la actividad pública y fijar un importe máximo  a los obsequios que los políticos pueden aceptar sin incurrir en delito.

La idea responde a una sugerencia de  UPyD.

Otra posibilidad sería obligar a todos los políticos a  llevar un registro público  de sus  ingresos extra  en metálico y  en especie con especificación de  la naturaleza y el valor estimado de cada uno de ellos, así como de su destino final.

No es que con ello  fuera a ponerse  fin a la corrupción política de un país con tan larga y rica tradición en ese campo, pero  probablemente se conseguiría algo.

Como tatntas veces, el resultado de la medida dependería del rigor con que se aplicara. Sin olvidar el control del control, habida  cuenta que éste suele consistir en poner un sello más o menos oficial con una fecha más o menos ficticia.

Pregunta a los cuatro vientos: ¿alguien cree sinceramente que en la España de las Autonomías  puede instaurarse  un registro público y  veraz de los ingresos extra en metálico y en especie de nuestros  políticos?