Llevo casi cincuenta años denunciando, poco menos que en solitario, el plan urdido y maquinado por los separatistas catalanes, mayoritariamente de estirpe burguesa, en alianza con la falsa izquierda española dirigida por arribistas y/o advenedizos como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ni socialistas ni obreros.
Como de costumbre, en este caso los separatistas dirigen y los demás obedecen.
A mi entender, el plan tiene como objetivo estratégico la desmembración y desintegración de España con la consiguiente suplantación del universo español – cultura, historia, geografía, política, etc.- por una futura República independiente de Cataluña, erigida en el Estado dominante no sólo de la península Ibérica sino incluso de todo el espacio geográfico que se extiende desde la costa atlántica de Portugal hasta la ribera cisalpina del río Ródano (Prat de la Riba dixit).
Mientras tanto, separatistas y falsos representantes de nuestra izquierda están ocupados en demoler el Estado español hasta convertirlo en un anacrónico e inoperante conglomerado de taifas medievales mediante la eliminación de todas las estructuras estatales y su inmediata sustitución por microestructuras municipales, comarcales y regionales con sus correspondientes representantes políticos.
Debo confesar que, a mi modo de ver, la demolición del Estado español se está llevando a cabo, desde hace años, con lacerante eficiencia y siempre de acuerdo con un programa distribuido en plazos y parcelas, con el idioma español como uno de los puntos básicos ineludibles. Ahora se trata concretamente de eliminarlo de todo el ámbito de la Enseñanza y la Administración pública controlado por la Generalidad de Cataluña y sus entes asociados, tutelares y tutelados.
He aquí una pequeña referencia de plena actualidad. «El acuerdo entre PSOE, Unidas Podemos y ERC elimina la consideración de que el castellano sea lengua vehicular en todo el Estado que introdujo como novedad el PP en el 2013 en su reforma educativa» (1).
En la cita observo, a bote pronto, una trampa semántica que, con sus derivadas, constituye todo un pólipo digno de los reputados lingüistas de la República de la puta y la Ramoneta. La trampa consiste esencialmente en el empleo del término «el castellano» en sustitución de «el español» y su condición de idioma oficial del Estado Español. A estos españoles indignos la añagaza les va a servir en el futuro para desterrar de todo el ámbito de su acción no sólo el uso del idioma español sino incluso la mención de su nombre.
Ojo, pues, al detalle de ahora en adelante.
Pero eso no es ni mucho menos lo más vergonzoso. Para mí como ciudadano español lo más vergonzoso e indignante es que, no satisfechos con demoler el Estado de derecho como realidad que identifica a España y los españoles, esos mismos separatistas utilizan a diario espacios privilegiados en los medios de comunicación estatales y/o tutelados por ellos para lanzar sus mensajes contra España y los españoles en idioma español.
¿Alguien se atreve a poner nombre a tamaña perfidia e indignidad?
(1) «El PP rescata la ofensiva contra la inmersión…» La Vanguardia, pág. 12, 7 de noviembre de 2020.
