El búnker de pladur

Desde hace como treinta años vengo denunciando, mayormente en esta página, el carácter dictatorial y excluyente de las instituciones públicas que han ido cayendo en manos de los separatistas catalanes a partir de la llamada transición democrática.

La conjura, pues considero que hoy podemos y debemos decir que se trata de una conjura, se fijó como objetivo inmediato copar todas las instancias de decisión y representación democrática de Cataluña para convertir en realidad el sueño, formulado por Prat de la Riba, de que en Cataluña la política la hagan los catalanes y sólo los catalanes, en el bien entendido de que, para los separatistas, catalanes son ellos y los que ellos dictaminan que son catalanes.

En estos momentos, marzo de 2018, los separatistas consideran que no sólo han alcanzado esa meta sino que incluso están en condiciones de enfrentarse en los planos legal y político, nacional e internacional,  al Estado Español y proclamar la República Catalana, que es uno de sus grandes objetivos finales.

Y en esas están. Ellos, incluidos los miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconense, hablan de conflicto de legitimidades; yo, de deslealtad ominosa, a la vez delictiva y pecaminosa.

Lo cierto es que, a pesar de reveses y fracasos tan graves y clamorosos como abundantes, nuestros separatistas, siempre leales a su atávica deslealtad, han ido creando, inventando, usurpando, adoptando y adaptando instituciones, servicios y competencias de carácter estatal y/o autonómico para proveerse de estructuras de Estado con las que organizar y vestir su pretendida República Catalana.

Una de esas estructuras de Estado es la referente a Defensa, que en este caso han pensado ir desarrollando a partir del núcleo inicial de la Policía autonómica (Mossos d’esquadra), hoy integrada por un total de casi 20.000 efectivos y en la que, de momento, están incluidos los incipientes, nada eficientes  y siempre intrigantes Servicios de Inteligencia, que cuentan con el asesoramiento y el apoyo técnico del Mossad israelí (1).

De hecho, el control policial de la población de Cataluña, sobre todo del sector ajeno y/o contrario al plan secesionista, ha sido una de las grandes prioridades de sus promotores y valedores como complemento necesario de la actividad de los partidos políticos y las organizaciones civiles que operan a sus órdenes.

Hoy, el control, la marginación y la instrumentalización de la comunidad española de Cataluña, siempre mayoritaria, y en especial de sus miembros más activos, es una de las claves de las ilógicas e irreales mayorías (¿absolutas?) de los separatistas catalanes en el Parlamento autonómico, en las elecciones y en las actuaciones callejeras.

Como no podía ser por menos, dada la naturaleza de la dictadura implantada en Cataluña por los separatistas, la muerte civil es una de sus medidas preferidas a la hora de deshacerse de elementos subversivos. Yo la veo como el equivalente catalán del tiro en la nunca practicado por los etarras vascos.

Por todo ello, para mí, la pregunta que se impone aquí y ahora es: ¿cuántas personas mantiene en condiciones de muerte civil el régimen policial-dictatorial impuesto en Cataluña por los separatistas?

Una de esas personas soy yo. Y aquí sigo.

(1) Las relaciones y los contactos de la Policía autonómica de Cataluña con el Mossad israelí son hoy de dominio público. Se pueden seguir a través de la prensa nacional y extranjera.

Pablo Iglesias, a quien no profeso ninguna estima como conciudadano y líder político,  habla a menudo, y a mi entender con todo derecho y plena razón, de la corrupción del PP en asuntos de dinero, corrupción que personalmente considero que fue endémica e incluso poco menos que sistémica en el pasado y que todavía hoy, marzo de 2018, sigue pesando sobre la conciencia y la actividad pública de no pocos de sus dirigentes.

Ante tamaño problema, el funcionario Rajoy decidió optar por la solución más cómoda; echar tierra encima de los casos de corrupción en su conjunto y confiarlo todo a la acción sanadora del tiempo.

Y  se lo hizo saber e impuso a sus subalternos  en forma de punto programático fijo y obligado.

Simultáneamente, Pablo Iglesias ha venido reforzando progresivamente los contactos con el separatismo catalán, concretamente con Ada Colau, persona que, a pesar de su máscara  de activista social entregada a la causa de los más necesitados de Cataluña, en su mayoría de lengua española, es en realidad un agente del sector de la burguesía condal constituido en núcleo duro del secesionismo catalán.

Lo sepa o no lo sepa, a ese sector de la burguesía condal viene dando Pablo Iglesias su apoyo.

En mi opinión, se trata de una relación contra natura  en la que veo la gran traición de Pablo Iglesias al conjunto de los españoles, además de un caso flagrante de corrupción ideológica.

¿Consciente?, ¿inconsciente?

Un economista acaba de manifestar en la sexta que, si Barcelona pierde el Mobile World Congress, será responsabilidad entera  y exclusiva de los independentistas; yo añadiría que del mismo modo que ha sido  responsabilidad  entera y exclusiva de esos independentistas que, a fecha de hoy,  se hayan marchado de Cataluña más de cuatro mil empresas y que la sangría continúe.

Pregunta: ¿qué persiguen los independentistas al empobrecer deliberadamente  el país -su país- al que tanto dicen querer?

Yo diría que ahí actúa un sentimiento de amor-odio de índole genética, hereditaria y patológica  como la doblez que, a mi modo de ver, los distingue y caracteriza como comunidad humana.

Masoquismo + doblez = frustración = irredentismo.

En cualquier caso, enigmas y estigmas psicológicos del ser humano en cuanto criatura alienada.

Considero que el Gobierno de España debería perseguir por vía legal, de manera inmediata y contundente, la actividad subversiva de los medios de comunicación, y, muy concretamente, la información emitida por canales de televisión como la cuatro y la sexta, información siempre tendenciosa y contraria a los intereses de los españoles y siempre favorable a los postulados de los separatistas catalanes.

Roures y los suyos siguen activos; diría que más activos que antes del golpe de Estado. Para mí eso significa que han ganado el envite, y ellos así lo creen.

El separatismo catalán no sólo ha salido con vida de su enfrentamiento con el Estado español, incluido el artículo 155 de la Constitución vigente, sino  que, una vez recuperado del susto, ha vuelto a echar mano de su hoja de ruta con toda una panoplia de intervenciones que evidentemente tienen por objeto poner en jaque permanente al Gobierno de Mariano Rajoy.

Guerra sucia basada en  golpes tácticos como plantes y desplantes con carácter de desobediencia institucional  y actos públicos o semipúblicos a cargo de organizaciones adictas, formadas e informadas.

Con ello se pretende ir caldeando el ambiente para la escenificación de una jornada de desobediencia de todas las instituciones catalanas.

Oficialmente, ésta será protagonizada por la sociedad civil, no por los partidos políticos ni por sus líderes,  y, como es lógico, contará con el plácet de la Conferencia Episcopal Tarraconense en pleno.

Lo dicho: la guerra sucia es el elemento y el alimento de los separatistas catalanes.

Oficialmente, el separatismo catalán ha sido  derrotado y sus principales cabecillas van a tener que comparecer ante la Justicia para dar cuenta de sus actos (presuntamente) delictivos en relación con la proclamación -fallida, no simbólica- de la república catalana.

Es cierto que los miembros de la Conferencia Episcopal Catalana habrían preferido que esos y otros presuntos sediciosos hubieran sido puestos en libertad, pero no parece que esta vez vaya a ser así. A lo mejor es que tienen que seguir mediando.

También es verdad que, al margen de pleitos y procesos,  las organizaciones separatistas siguen en pie de guerra y actuando conjuntamente  como una auténtica apisonadora social.

La bestia ha sido reducida, eppur si muove.

Mientras unos sediciosos, convertidos en transformistas, han buscado refugio en países presuntamente amigos o aliados de rodalies y otros, sin tiempo para montar y escenificar sus respectivas añagazas, continúan implorando la mediación de prelados misericordiosos desde la cárcel, la Justicia sigue su curso con paso lento e inexorable.

A la postre, esa será la realidad que siga al proceso y, con toda probabilidad, esa será la realidad que presida el posproceso.

Y esa será también la hora de la verdad, porque será la hora en la que los (presuntos) sediciosos deberán rendir cuentas ante los representantes de la Justicia.

Por lo demás, si  es cierto que, como sostiene Martin Heidegger, al ser le va el ser en el ser, yo entiendo que los españoles estuvimos a punto de perder nuestro ser un 1 de octubre.

Fecha histórica: fin del proceso, inicio del posproceso.

Nuestro himno no tiene letra,

nuestra Patria no tiene nombre,

soy un patriota vergonzante y apátrida.

Los obispos catalanes, integrantes de la Conferencia Episcopal Tarraconense, han hecho pública una nota colegiada en la que piden la libertad  de Oriol Junqueras, Joaquim Forn, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, encarcelados con carácter preventivo a raíz de los actos de rebelión y sedición cometidos (¿presuntamente?) el pasado día 1 de octubre.

Por lo que he podido entender, en su nota los obispos no exponen ni las causas  del encarcelamiento de los detenidos -el delito o los delitos de los que son acusados- ni las razones aducidas por los representantes de la ley para tomar tal medida.

Entiendo que para los miembros de la Conferencia Episcopal Tarraconense aquí no hay ni Estado de derecho ni leyes que todo ciudadano debe respetar.

Los separatistas catalanes, constituidos en un frente unitario e instalados simultánea y alternativamente en la ilegalidad y en la alegalidad o, lo que en este caso es igual, en espacios abiertamente contrarios a la Ley y en limbos legales, pero procurando actuar en lo posible sub specie legalitatis,  se disponen ahora a bombardear al Estado Español, en cuanto titular de nuestro Estado de derecho y sus instituciones, con todo tipo de argucias políticas y jurídicas a modo de artefactos balísticos, desde puntos geográficos situados en ocasiones fuera de su jurisdicción y por tiempo indefinido,  para debilitarlo, socavar su autoridad y, si es posible, destruirlo.

Considero que la actuación de ese frente unitario exige un estudio a fondo pero sobre todo una intervención urgente y certera por parte del Estado de derecho para restablecer cuanto antes el orden constitucional en el conjunto de España e impedir el fortalecimiento y  la propagación del modelo subversivo activado por el secesionismo catalán dentro y fuera de nuestras fronteras.

Se trata de una forma de internacionalización del conflicto catalán infinitamente más peligrosa que la meramente política, puesto que no queda sujeta al control y veto de las instituciones internacionales sino que, entendida como mensaje, va dirigida a movimientos y colectivos empeñados en alterar las fronteras nacionales  de toda Europa y hundir a sus habitantes en un caos más propio de la Edad Media que del siglo XXI.