El búnker de pladur

Días pasados, el diario La Razón publicó una entrevista en la que el cardenal Antonio Cañizares, respondiendo a una pregunta de su interlocutor, afirmaba  en términos más bien taxativos que no se puede ser independentista y buen católico.

Se refería claramente a Cataluña y el caso catalán, en el que me siento implicado por partida doble: como español y como víctima de la opresión separatista.

Aun así, mi respuesta es:

Sí, se puede ser independentista y buen católico. Basta con respetar  los preceptos de la Iglesia y  las leyes del Estado de derecho, procurando no hacer nada que atente contra la moral por acción u omisión.

Entiendo que, desde hace décadas, Cataluña está sometida a un régimen opresor que niega la libertad de culto a los ciudadanos de lengua española y a los hijos de esos ciudadanos el derecho a recibir toda la enseñanza, incluida la religiosa, en su lengua materna y como lengua materna.

En mi opinión, todo aquel que forma parte de un régimen opresor y/o lo apoya voluntaria, deliberada y activamente no es ni un buen católico ni un buen ciudadano.

Y aquí no caben añagazas y subterfugios.

A mi modo de ver, los responsables del proceso secesionista catalán han alcanzado en los últimos meses niveles de indignidad y vileza en la gestión de los asuntos públicos que no tienen parangón en la historia reciente de Europa, incluida, claro está, la península Ibérica.

Parece imposible mentir tanto, con tanto descaro y con tan poco provecho propio.

¿Espejo y modelo para los ciudadanos de la República de Cataluña, empezando por sus escolares?

Yo los veo más bien como enemigos de Cataluña, pues en ellos se manifiesta una disparatada e irracional amalgama de perfidia e ignorancia.

¿Resultado previsible? El descrédito como estigma, el irredentismo como destino.

Entiendo que, desde hace unos meses, la política de Cataluña ha entrado claramente en una línea tan destructiva como previsible.

Línea mayoritaria en actividad pública y propagandística, dominada por los separatistas con sus incontables facciones o, si se quiere, traiciones.

Para no perderme en el laberinto infernal y, por lo tanto, eterno de sus enredos, yo los meto a todos en el mismo saco.

Con carácter preventivo por si acaso.

Dejo fuera de él a García Albiol,  porque entiendo que en su caso no tengo que preocuparme de cosas tan desagradables como el juego de la puta i la Ramoneta y el fuego amigo.   

En el saco meto  y agolpo a todos esos sedicentes demócratas que incumplen reiteradamente las democráticas leyes de un Estado de derecho que juraron/prometieron cumplir y nunca cumplieron.

¿Qué pretenden?

Que conteste el fenicio Miquel Iceta, alguien capaz de engañar por igual a españoles y a catalanes, a separatistas y antiseparatistas, a burgueses y proletarios con tal de que unos y otros le nombren presidente de la Generalidad de Cataluña.

Naturalmente, al pobre siempre le ha tirado más la línea fenicia, que en mala lógica será la que  se imponga, llegado el caso.

Entiendo que el  actual fracaso del proceso independentista catalán -su naturaleza y su magnitud- ha venido a amartillar su irredentismo por un período de varias generaciones, como mínimo.

No parece, pues, acertado establecer un paralelismo entre la biografía de esos catalanes y la biografía de los hijos de Israel.

El Estado de Israel es hoy una realidad consolidada, mientras que la independencia de Cataluña sigue siendo apenas la ensoñación de una minoría de un colectivo minoritario, ni pueblo ni nación.

Facción, sólo facción.

En las elecciones catalanas del próximo 21 de diciembre se puede ver con toda nitidez un frente con dos bloques: un bloque empeñado en la defensa de la Constitución y la unidad de España,  y un bloque decidido a transgredir definitivamente nuestra Carta Magna y, si le es dado, acabar de una vez por todas con España como unidad política y social de cuño histórico.

En principio, el bloque constitucionalista tiene a su favor la Ley y el Estado de derecho, mientras que el bloque rupturista cuenta ante todo con las armas que le proporcionan la perfidia y la habilidad de sus  dirigentes para las diferentes modalidades del juego sucio, campo en el que son prácticamente invencibles o, al menos, irreductibles.

En teoría, los constitucionalistas son mayoría; los rupturistas, siempre en minoría sobre el papel, son más activos, más codiciosos y, sobre todo, no tienen cortapisas a la hora de intrigar, mentir y engañar.

En síntesis, los constitucionalistas defienden la unidad de España y la unión de todos los españoles, mientras que los rupturistas aspiran a romperlo todo para quedarse con todo.

Así, pues, lucha desigual y, no obstante, equilibrada o, al menos, de resultado incierto.

Mi posición es tan clara como tajante, pues estoy a favor de la unidad y la unión. Votaré a García Albiol, a sabiendas de que eso equivale a votar al PP.

¿Hay algo mejor?

A mi modo de ver, en estos momentos el futuro de España como la hemos conocido y la conocemos depende en buena medida, cuando no totalmente, de este partido.

Tengo a Xavier García Albiol por un catalán sin el mínimo atisbo de separatismo.

Lealtad en estado puro.

A pesar de todas las diferencias que me separan de Mariano Rajoy, considero que su tratamiento del problema catalán está siendo correcto y  ajustado a la Constitución.

La Ley, siempre la Ley.

Gracias a su carácter, nuestro jefe de Gobierno ha sabido mantenerse a distancia de los delincuentes catalanes y dejar que ellos solitos monten la bronca y ellos solitos se hundan en el abismo de su propia indignidad.

Y ahí siguen.

Eso no les impide buscar pelea.  En realidad es lo suyo, por temperamento (tarannà) y  por atavismo.

Pero el gallego procura quitárselos de encima y no dejarse arrastrar ni  a la pelea cuerpo a cuerpo  ni al diálogo capcioso de igual a igual.

En esas está y con esas quiere solucionar el problemón de los Puigdemonts.

Pero, a fuerza de buscar y rebuscar, los Puigdemonts han terminado por encontrar un filón que,  beneficiado con codicia y perfidia, les está  proporcionando un considerable alivio en su enfrentamiento con el Estado de derecho y su aparato político y legal.

Ese filón, ahora alivio  de sediciosos, es la doble contabilidad que, como bíblico pecado original, viene atormentando al PP y sus dirigentes desde  los orígenes de la formación, incluso desde antes.

Ahora vemos que la parsimonia y la distancia personal del gallego ante ciertos  conflictos políticos no es precisamente una buena táctica, aunque sólo sea porque con esperar a que  el paso del tiempo solucione el problema lo único que se consigue es agravarlo y cronificarlo.

Mala política.

En esta situación, con un conflicto que amenaza la seguridad presente y futura de España, considero que el PP sigue estando obligado por su condición de partido nacional y su compromiso con la unidad de España a deshacerse con carácter ineludible de todas aquellas personas que de una manera u otra han estado y/o están relacionadas con su doble contabilidad y la corrupción inherente a ella.

Y entiendo que la medida debería abarcar desde la cúpula del partido, con Rajoy y Cospedal en cabeza, hasta los tesoreros de infausta memoria, sin olvidar a Esperanza Aguirre y el personal a su servicio, además de todos aquellos otros que han perjudicado gravemente el buen nombre del PP y han reducido así su capacidad de acción como partido del Gobierno.

Medida imprescindible y cada día que pasa más urgente para ganar nítida y rápidamente la batalla a los sediciosos separatistas pero sobre todo para que España afronte su futuro con las debidas garantías como Estado democrático de pleno derecho.

Tras cincuenta años de intrigas más o menos encubiertas, en su mayoría perpetradas a traición, los separatistas catalanes, convencidos de su superioridad táctica y dialéctica frente al Gobierno español, deciden simular ahora un pulso decisivo y definitivo con él y, haciendo uso de una nueva añagaza, declaran la independencia de la República de Cataluña. 

El pulso es en realidad un farol, pues los promotores del proyecto parten de la malsana e ingenua idea de que, para evitar males mayores, el Gobierno español responderá a esa declaración aviniéndose a dialogar inmediatamente con los responsables de la nueva república y entonces serán ellos, los republicanos catalanes, los que impongan las condiciones del diálogo.

Dit i fet.

Pero, en contra de ese pronóstico,  el Gobierno español aguanta el pulso, y en seguida se pone de manifiesto que detrás del envite de los nuevos republicanos no hay nada: ni estructuras de Estado, ni dinero, ni apoyo popular. De la noche a la mañana se produce una desbandada con ribetes tragicómicos.

¿Todos a la cárcel?

El abad de Montserrat pide clemencia para ellos, incluso que no se los humille, mientras que la presidenta del Parlamento autonómico de Cataluña, una de las máximas responsables del proceso-proyecto, explica que la declaración de independencia fue sólo simbólica.

¿Dónde aprendió esa doctrina?

Yo, por mi parte, pido que se cumpla la ley, que, a mi entender, es lo único que un ciudadano tiene derecho a exigir a sus representantes políticos.

Muerto Franco y extinguido su régimen como clase dominante e ideología única, separatistas catalanes de variado pelaje, desde burgueses de la Bonanova y Sant Gervasi hasta antisistemas y anarcos  del Pople Sec y la Barceloneta, pasando por monjes montserratinos más dados a la intriga que a la oración, se unieron y reunieron para conjurarse contra España y los españoles.

¿Revancha histórica? ¿Fin del irrendentismo catalán? ¿República catalana?

Algo así como cinco décadas de guerra sucia han eclosionado no en la destrucción o la ruina de España, nación con raíces milenarias,  sino en  el hundimiento político y el  descrédito moral y social de media docena de bandas de advenedizos de la especulación política atrapados en su propia deslealtad.

Bastó con que el Estado de derecho hiciera valer la Ley para que la conjura se viniera abajo y los conjurados se dieran a la fuga y se delataran unos a otros.

Todos ellos contra todos ellos.

Los autodenominados representantes del pueblo catalán han alcanzado simas de indignidad y vileza difíciles de igualar.

Parece evidente que el separatismo catalán camina hacia su descrédito total o casi total. La internacionalización del proceso, con sus incontables e inadmisibles actos de deslealtad, va a ser, probablemente, la clave de su hundimiento. Países de todo el mundo, pero en especial de Europa, han tenido ocasión de ver y conocer de primera mano qué quieren los separatistas catalanes y cómo planean conseguirlo. Nada más y nada menos que el derecho a una independencia ficticia -¿simbólica?- impuesta a España y, acto seguido, financiada por  España en incómodos plazos.

¿Cabe tanta perfidia y tanta ingenuidad en cabeza humana? Por lo visto, sí. Wait and see.

El hecho es que ayer se reunieron en Sabadell unas tres mil personas para gritar ¡viva España!  Manifiestación doblemente transversal ante un ayuntamiento copado por miembros de una presunta izquierda sometida a la burguesía local y enfrentada a la izquierda social y socialista.

Pequeñoburgueses aconductats frente a charnegos emancipados (¿manumitidos?)

En cualquier caso, mani doblemente transversal, como corresponde a una sociedad dividida por la mitad de acuerdo con un eje vertical y un eje horizontal: en lo ideológico-económico  y en lo socio-político.

En el fondo, una sociedad con dos comunidades lingüísticas y políticas, cada una de ellas con su propio sentimiento de pertenencia.

La dictadura catalanista, de estirpe burguesa y siempre minoritaria, tiene los días contados, aunque sólo sea porque, como me enseñaron en el cuartel:

Objetivo visto, objetivo destruido.

Quiero pensar que los separatistas catalanes pierden la batalla de la independencia «simbólica» en el mismo momento en el que el Estado español, superado el intento sedicioso de politización con sus incontables argucias, consigue poner en marcha la máquina de la Justicia y empieza a encausar y detener a sus máximos responsables.

En un Estado de derecho,  la Justicia es la realidad y, a estas alturas del conflicto,  todo parece indicar  que la Justicia se va a imponer claramente.

En líneas generales, el plan de los separatistas catalanes se basa esencialmente en ignorar y hacer que se ignore el punto de partida del problema -una infracción gravísima y persistente de la Constitución vigente en España- y hacerlo derivar hacia un contencioso político que se debe afrontar y resolver por la vía del diálogo entre sujetos soberanos de igual rango: el Gobierno del Reino de España y la Generalidad de Cataluña.

A este fin, los sediciosos mentirán, huirán, buscarán refugio en otro país y tratarán de internacionalizar su  relato de minoría pacífica y democrática que se ve oprimida por un estado autoritario, pero, así que se descubre el fraude, tendrán que aceptar la realidad y someterse, nolens volens,  al imperio de la Ley.

Han perdido la guerra en todos sus frentes.