Probablemente sin quererlo, Miguel Iceta ha señalado el año 1978 como punto de partida de la conjura secesionista.
Conjura secesionista para toda España y todos los españoles a partir de Cataluña.
Pasqual Maragall, apostado desde un principio en la izquierda por razones táctico-estratégicas convenidas, entrega el poder a Jordi Pujol, que pone en marcha el proceso para instaurar una dictadura burguesa en Cataluña.
Dictadura bajo apariencia democrática.
Pujol gobierna, Maragall cuida, entre otras cosas, de que la grey charnega no abra la boca y, juntos, Pujol y Maragall consiguen que en Cataluña la política la hagan sólo los catalanes: tanto para los catalanes como para los no catalanes, tanto de izquierdas como de derechas.
Y es sabido que, para un separatista, catalán es él y el que él dice y decide que es catalán.
Pero la realidad social nos demuestra que en Cataluña también hay españoles, y muchos. De hecho, en estas tierras hay –¡sigue habiendo!– una comunidad de lengua y sentimiento españoles, junto a una comunidad de lengua catalana y sentimiento tendencialmente catalanista-independentista.
La comunidad de lengua española es aún hoy claramente mayoritaria frente a la comunidad de lengua catalana; como mínimo, en una proporción de cuatro a tres.
No obstante, a poco de poner en marcha su conjura, los líderes de la comunidad catalana consiguen apoderarse de todos o casi todos los resortes de poder y representación democrática de Cataluña. La representación de esta comunidad en las instituciones públicas es de un ochenta a un noventa por ciento del total, frente al diez o quince por ciento de la representación de la comunidad de lengua española, cuya existencia, por lo demás, nunca será reconocida oficialmente.
En el primer caso, la representación va claramente en aumento y aspira al copo, mientras que, en el segundo, la representación decrece a ojos vista y está amenazada de eliminación-extinción.
Estamos, pues, ante un caso flagrante de fraude institucional, en razón del cual podemos y debemos declarar que, en nuestra opinión y de acuerdo con los hechos, todas las instituciones de Cataluña creadas a partir de la Transición democrática son ilegítimas y, en rigor, ilegales.
Siguiendo con su política totalitaria y delictiva, los líderes catalanistas de izquierdas y derechas han ido marginando de manera sistemática a los miembros de la comunidad de lengua española y han puesto todos sus medios para reducir este colectivo a la condición de masa amorfa, huérfana de cabezas pensantes y, en consecuencia, carente de conciencia propia y señas de identidad intelectuales, culturales y políticas.
¡Genocidio sociopolítico y cultural!
Aquí, la eliminación de las cabezas pensantes contrarias al catalanismo secesionista se ha llevado a cabo por los procedimientos propios de las dictaduras históricas convencionales, pero, dado que en su caso se ha excluido desde un principio el asesinato físico de los disidentes más peligrosos, se ha optado, en su lugar, por la muerte civil.
Sobrevivir en situación de muerte civil significa verse excluido de la sociedad, del mundo laboral, del mundillo intelectual, del entorno vecinal, también del entorno familiar, con posible/probable ruptura del matrimonio. A eso hay que sumar en muchos casos el rechazo público y ostensible (escenificado) con provocaciones-trampa e intentos de agresión por parte de personas a las que ni siquiera has visto en tu vida pero que te conocen y conocen tus insolentes andanzas sobre el papel y el teclado del ordenador. De hecho, los que te vigilan, acechan, siguen y persiguen son por lo general personas (aparentemente) ajenas a la política y, en ocasiones, alejadas del independentismo. Actúan como tontos útiles y se diría que sólo pretenden congraciarse con la nueva clase dominante y, en no menor medida, hacer méritos.
Sobrevivir en situación de muerte civil significa sencillamente no tener derechos civiles.
Mal que te pese, eres un enemigo público. ¿Padeces manía persecutoria? Terminarás en un psiquiátrico.
