El búnker de pladur

23  F.  Fecha simbólica, fecha para la historia, para la intrahistoria y sobre todo para la infrahistoria. 23 de febrero de 1981. El franquismo sufre su último golpe y se extingue definitvamente.  Fuego amigo.  Juan Carlos, rey de España:  «Tranquilo, Jordi».  Empieza la  historia de Cataluña,  nace nuestra seudodemocracia y el Estado de las Autonomías inicia su victoriosa derrota.

Estamos en el año 2009 y España aún no se ha roto del todo. Va camino, pero no se ha cumplido el gozoso/doloso vaticinio de Enric Juliana, vigía  y topo apostado, día y noche, en el madrileño parque del Buen Retiro, a la espera de un mensaje de su jefe, Pujol ben Gurión, o para él. Del  carallot Pérez Carod o para él.  Enric Juliana, vigía, topo y confidente  a sueldo,  tiene paciencia.  Ya llegará su hora. También podría ser que le llegara la hora, que no es lo mismo,  y que la hora cayera justamente en el veranillo  de  San Martín.

23 F. Fernández Bermejo, ministro de Injusticia,  ha dimitido. Golpe bajo en el aniversario del último golpe de Estado. En realidad, le  han obligado a dimitir.  Justamente lo que se merecía: una injusticia. Aun así, Pájaro bobo considera que esa fea e ingenua costumbre de pedir la cabeza del cazador furtivo, sorprendido in fraganti en pleno fregatello, que tienen los españoles no sirve de nada, como no sea facilitar la huida y el camuflaje del huido y, en su caso, desaparecido.  Éstos posiblemente harían bien en entender que  la persona bajo sospecha tiene que continuar en su puesto y seguir con sus obligaciones. Y, cuando se presente una denuncia en su contra, comparecer y defenderse como es su derecho. Y, si demuestra que ha obrado correctamente, continuar en él como es su derecho y pedir/exigir las reparaciones que considere opor. Para dimitir siempre hay tiempo. En cualquier caso, cuando proceda. A saber, con denuncia y veredicto de culpabilidad.  A no ser que con la dimisión se pretenda desviar el problema y eludir  responsabilidades.

Dos preguntas ingenuas e intempestivas:
¿Acaso no es una injusticia que dimita un ministro de Justicia sobre el que no pesa denuncia alguna  ni, consiguientemente,  ha sido declarado culpable de delito alguno por tribunal alguno?
¿Es que acaso el tal ministro de Justicia no conoce ni sus obligaciones ni sus derechos?